El Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde al Proyecto de Ley de reforma del Registro Civil sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad. La norma ha salido adelante por unanimidad. Para la parlamentaria socialista y ponente, Carmen Juanes, "esta reforma de gran calado unifica la información relativa a la incapacidad de la persona y plasma la sensibilidad del Gobierno socialista hacia las personas con discapacidad".
Entre los aspectos más importantes de la reforma, Juanes ha destacado las medidas que inciden en la regulación y organización del registro Civil. "El objetivo es posibilitar que el Registro Civil actúe como un mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la aplicación de la normativa sobre la incapacidad judicial de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas".
La diputada del PSOE ha resaltado que la actual regulación va a permitir la obtención de datos generales sobre el número y alcance de las incapacitaciones que se producen en nuestro país. Además, contempla la creación en el Registro Civil Central de "un punto de concentración de toda la información relativa a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar, la constitución o la modificación de organismos tutelares".
También ha explicado que supone un "importante avance" ya que va a permitir la puesta en práctica de forma efectiva de la figura del patrimonio protegido (designación de bienes para necesidades vitales) como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Por otro lado, Juanes ha hecho hincapié en que introduce la puesta en práctica de un principio de coordinación informativa entre las distintas secciones del Registro Civil y entre los distintos Registros Civiles, de la Propiedad y Mercantiles que reflejen esas situaciones de incapacidad y constitución de patrimonios protegidos y el Notariado, que autoriza los documentos públicos en que se recogen disposiciones referentes a esta cuestión.
La responsable socialista ha aseverado que la nueva regulación viene a resolver ciertas dudas generadas en ley 41/2003, aprobada durante el mandato del PP, y cuyo mayor defecto fue "la generalidad".
La ponente socialista ha resaltado que "es necesario mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos para que los beneficios fiscales puedan favorecer la constitución y el mantenimiento de los mismos, y esta es la línea en la que está trabajando este Gobierno, buscando las formas jurídicas más apropiadas para conseguir este fin". En este sentido, Juanes ha defendido las enmiendas remitidas por el Senado para que el Gobierno remita, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de mejora de tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, "porque no era oportuno introducir estas modificaciones en esta reforma, dado que exigen un análisis profundo y una revisión más detallada".
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