El Parlamento Europeo, por los derechos de las personas discapacitadas

Uno de cada diez europeos padece algún tipo de discapacidad, cincuenta millones de personas. La Unión Europea lleva años luchando contra la discriminación de las personas discapacitadas y por el pleno respeto de sus derechos; por ello, se prepara ahora para unirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El lunes 22 de febrero, los eurodiputados reclamaron que todos los Estados miembros la ratifiquen de inmediato.

"Es un proceso político, más que legal", afirmó durante la audiencia la vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, Erzsébet Szöllősi, en referencia al proceso de ratificación de la Convención por parte de la Unión Europea.

En la misma línea, la presidenta de la subcomisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo, la eurodiputada finlandesa de Los Verdes Heidi Hautala, lamentó las reticencias a ratificar la Convención expresadas por algunos Estados miembros, "basadas en argumentos relacionados con su coste". Hautala no ocultó su preocupación ante la posibilidad de que millones de europeos tengan que esperar años para beneficiarse de la ratificación del documento por parte de la Unión Europea.

Szöllősi subrayó la importancia de que las personas discapacitadas "participen plenamente en la aplicación de la Convención", del mismo modo que es fundamental "la participación de la sociedad civil".

Promover, proteger y garantizar

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad entró en vigor ya en mayo de 2008, con el objetivo de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. La Convención se hace eco de los principales elementos de la estrategia comunitaria sobre discapacidad, en la que se combinan medidas de lucha contra la discriminación, de promoción de la igualdad de oportunidades y de inclusión activa.

El pasado 26 de noviembre, el Consejo se mostró favorable a la ratificación de la Convención. Se trata de la primera vez que se acuerda el ingreso de la Unión Europea como entidad en un acuerdo internacional sobre derechos humanos, que se convertirá de hecho en vinculante en todos los Estados miembros cuando la ratificación sea formalmente depositada ante las Naciones Unidas.

Derribando barreras

Cabe destacar, en cualquier caso, que la Unión Europea ya promueve la mejora de las condiciones laborales y de vida en general de los ciudadanos comunitarios, luchando contra la exclusión y la discriminación y derribando posibles barreras. La inclusión activa de las personas con discapacidad está apoyada por estrategias a largo plazo, como la estrategia europea sobre la materia, que cubre el periodo 2004-2010.

Además, la Unión Europea incorpora consideraciones relacionadas con la discapacidad en todas las políticas pertinentes, y el Parlamento Europeo no sólo actúa como legislador, sino también desde un plano activo. Por ejemplo, cuenta con un intergrupo sobre discapacidad (grupos informales de eurodiputados de varios grupos políticos diferentes con un interés común).

Ref. : 20100223STO69397

Más información :

• Documentos de la audiencia sobre la adhesión de la UE a la Convención de la ONU
• Página web de la ONU sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
• Ficha del procedimiento legislativo en la UE
• Página web del Foro Europeo sobre Discapacidad (en inglés)
• Página web sobre el intergrupo sobre discapacidad del PE

Capitalidad Europea de la Accesibilidad Universal

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la siguiente Proposición no de Ley para impulsar, durante el período de la Presidencia Española de la Unión Europea, la creación de la Capitalidad Europea de la Accesibilidad Universal, para su debate
en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos
En los últimos años, la acción política en torno a las personas con discapacidad ha evolucionado enormemente en España.
La LISMI, promulgada en el año 1982, vinculó a los Servicios Sociales a la superación de las discriminaciones derivadas de las situaciones de discapacidad y establecióla necesidad de prestar servicios de información, orientación familiar, domiciliaria, así como actividades de ocio y tiempo libre, servicios de residencia y hogares comunitarios.
En 2003, se aprueba la LIONDAU, cuyo objetivo principal es el de garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española. Esta ley está inspirada en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo y transversalidad en materia-de discapacidad.
Si los avances en la legislación han sido determinantes, también lo han sido las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes administraciones públicas: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
En 2004 el Gobierno impulsa el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que tiene como lema «Igualdad de Oportunidades y Diseño para todos» y en su primera fase está dedicado al diagnóstico de la situación, para extenderse después en el Plan propiamente dicho, sus fundamentos, sus contenidos, y posteriormente su ejecución.
El 30 de marzo de 2007 el Gobierno firmó la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, un texto protector y garantista.
El empleo de personas con discapacidad ha sido y es un objetivo de primer orden, por eso se apuesta por la Estrategia Global de Acción para el empleo de personas con discapacidad
2008/2012, junto con las organizaciones empresariales y sindicales y los representantes del sector de la discapacidad. Con esta Estrategia se aspira a establecer las bases para un empleo de calidad para las personas con discapacidad y con una remuneración digna y suficiente.
Siguiendo la estela de las decisiones políticas en torno a la Discapacidad, el pasado 10 de julio de 2009, el Gobierno aprobó el III Plan de Acción para las personas con Discapacidad 2009/2012. Este Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta la situación de las mujeres y hombres con discapacidad, la normativa internacional (Convención de la ONU sobre derechos de las personas
con discapacidad), los planes estratégicos europeos (Plan del Consejo de Europa) y la normativa española, singularmente la Ley 51/2003 (LONDIAU). Cuenta también con la implicación de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las ONG.
En línea con la acción positiva de los poderes públicos españoles en relación a las personas con discapacidad y su bienestar, la Presidencia Española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 debe suponer un impulso para las actuaciones en esta materia en el ámbito europeo.
El establecimiento de la Capitalidad Europea de la Accesibilidad Universal serviría para fomentar la cultura de la accesibilidad universal en toda Europa y se inscribiría en el objetivo de que en 2020 Europa esté libre de barreras para las personas con discapacidad.
Al igual que sucede con la Capital Europea de la Cultura, esta iniciativa consistiría en que cada año, una o dos ciudades europeas aspirasen a ser declaradas Capital de la Accesibilidad Universal, y que hubiera competencia por obtener esa distinción. Las ciudades aspirantes deberían presentar una trayectoria de accesibilidad y comprometerse a un programa de actuaciones y actividades, durante la capitalidad, de promoción de la accesibilidad universal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, durante el período de la Presidencia Española de la Unión Europea, la creación de la Capitalidad Europea de la Accesibilidad Universal.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2009.—José Vicente Muñoz Gómez y
María José Sánchez Rubio, Diputados.—José Antonio Alonso Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Accesibilidad a los servicios públicos

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley, presentada por la diputada del Grupo parlamentario Socialista Raquel Arenal, destinada a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios públicos. La iniciativa contó con el respaldo de los tres grupos parlamentarios, de lo que se mostraron satisfechos los representantes de colectivos de personas con discapacidad presentes en la tribuna del público del Salón de Plenos.

También resultó aprobada por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el diputado del Grupo parlamentario Socialista José Luis Blanco, por la que se insta a poner en marcha una medida o programa específico en el ámbito comunitario en apoyo de la flota pesquera artesanal, las almadrabas y las empresas que basan su actividad económica en la producción de atún rojo, como consecuencia de la reducción de las posibilidades de pesca de esta especie a partir de 2010 que se deriva de las recomendaciones de la Comisión Internacional del Atún Atlántico –ICAAT-.

Por otra parte, también fueron aprobadas por unanimidad varias medidas incluidas en la proposición no de ley relativa a medidas para prevenir y combatir la corrupción y regenerar la vida democrática en Andalucía, defendida por el portavoz parlamentario de IU LV-CA, Diego Valderas, mientras que el resto de la iniciativa resultó rechazado.

Por el contrario, fueron rechazadas la proposición presentada por el Grupo Popular, pidiendo la reprobación de los ministros de Economía y de Política Territorial, y la moción acerca de política general en materia de Comunicación Social, del mismo Grupo parlamentario.

Día europeo de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El día 3 de diciembre se celebra el Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Esta fecha pretende recordar y reclamar a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de adoptar medidas transformadoras que garanticen la igualdad de trato y la equiparación de oportunidades y que acaben con las discriminaciones de toda índole que todavía sufren estas personas.

El artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de las personas discapacitadas a "beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad". En la actualidad, las personas con discapacidad representan más del 15 % de la población de la UE.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano en Europa. La Unión Europea reconoce la necesidad de prestar una atención especial a la problemática diversa que afecta a estas personas, para garantizarles el disfrute efectivo de sus derechos. El objetivo principal que se persigue es permitirles asumir las funciones y responsabilidades que les corresponden como ciudadanos y lograr que posean la misma capacidad de elección y de control de sus propias vidas que el resto de la población. Las actuaciones en este campo deben estar orientadas por la necesidad de garantizar el acceso, la accesibilidad y la integración en igualdad de condiciones. En este contexto, una de las prioridades más importantes es el acceso a la asistencia prolongada y a los servicios de apoyo. Los factores aquí abordados comprenden: compensar las discapacidades, habilitación y rehabilitación, paliar las consecuencias económicas y sociales de la discapacidad, y desigualdades en materia de salud. También son objetivos importantes reducir la exclusión social, eliminar obstáculos y barreras, facilitar la movilidad y aprovechar las tecnologías de la información.

Accesibilidad al transporte público en Andalucía

Respuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía a la Pregunta escrita relativa a medidas para fomentar la accesibilidad al transporte público de personas discapacitadas

En las últimas legislaturas la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía y el 1 Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad (2003-2006) supusieron un importante avance en la accesibilidad al transporte público de las personas con discapacidad. En la actual Legislatura el Gobierno andaluz pretende regular normas a través de un reglamento, actualmente en tramitación, que establezca condiciones adicionales
que favorezcan la accesibilidad en el transporte público en nuestra Comunidad Autónoma.
Así pues, dentro del marco normativo vigente y de acuerdo con las atribuciones y competencias que la normativa otorga a la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se están realizando las siguientes actuaciones para mejorar la accesibilidad al transporte público:
En el marco de los programas de mejora y de promoción de los servicios de transporte público interurbano regular de uso general de viajeros por carretera, la Dirección General de Transportes concede anualmente ayudas a los distintos concesionarios que adquieran vehículos
nuevos que incorporen elementos de seguridad y equipamientos que supongan una mayor calidad en la prestación de los servicios y permitan mejorar la accesibilidad.
Los perceptores de dichas ayudas son las personas físicas o jurídicas titulares de concesiones administrativas para la prestación de servicios regulares de transporte interurbanos de titularidad de la Junta de Andalucía.
La última convocatoria de ayudas se realizó en el pasado año 2008, por lo que actualmente se está en fase de concesión de las mismas.
Respecto a las estaciones de servicio de transporte público gestionadas, hasta la fecha, por la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía son las estaciones de autobuses de Plaza de Armas en Sevilla y de Córdoba. Estas estaciones presentan accesos y medios adaptados a las personas con discapacidad. Las restantes estaciones de transporte público en servicio de Andalucía son gestionadas directamente por los municipios en las que éstas se ubican o por particulares, siendo los mismos los responsables de su explotación.
Asimismo se informa que en materia de ferrocarriles y transportes ferroviarios las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida establecidas en la normativa vigente se han tenido en cuenta en los pliegos de prescripciones técnicas, así por ejemplo para los metros de Sevilla, Málaga y Granada, Tranvía de Chiclana- San Fernando, Ferrocarril de la Costa del Sol y Eje Ferroviario Transversal y restos de Tranvías previstos como los del Aljarafe, Jaén y Jerez de la Frontera, entre otros.
Sevilla, 12 de mayo de 2009. La Consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar Rivero.

La derecha rechaza una propuesta que prohíbe la discrimianción

Duras críticas a la Derecha por su cambio de sentido en la discriminación.Las propuestas de la UE que prohíben la discriminación contra las personas con minusvalías y contra otros colectivos se han topado con una oposición de último momento por parte de los eurodiputados de la Derecha.
Los eurodiputados socialistas han expresado hoy su conmoción por la maniobra. El portavoz socialista para Empleo y Asuntos Sociales, el eurodiputado Stephen Hughes, dijo: “Este cambio de sentido es incomprensible”.
Añadió: “La discriminación en el trabajo fue prohibida hace siete años. Ahora reconocemos que la discriminación va más allá de las puertas de la fábrica y está en todos los lugares de la sociedad”.
La eurodiputada holandesa Emine Bozkurt, que encabezó las negociaciones sobre el tema por parte del Grupo Socialista, dijo: “Ésta es una de las normas más importantes de los últimos cinco años. Afecta a la vida de todos. Muchas personas se quejan de ser víctimas de discriminación cuando tratan de acceder a ciertos servicios, por ejemplo.
Al rechazar esta propuesta la Derecha está tratando de ordenar las distintas formas de discriminación por orden de importancia, lo que es totalmente absurdo.
Negar a las personas un alojamiento por su orientación sexual o por sus creencias religiosas es tan censurable como rechazarlas por una minusvalía”.
Los eurodiputados afirmaron que el Grupo Socialista continuaría su campaña por una legislación de la UE a todos los niveles para prohibir la discriminación por motivos de edad, orientación sexual, minusvalía o convicciones religiosas.

Protección patrimonial de discapacitados

Aprobada la reforma del Registro Civil sobre protección patrimonial de discapacitados

El Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde al Proyecto de Ley de reforma del Registro Civil sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad. La norma ha salido adelante por unanimidad. Para la parlamentaria socialista y ponente, Carmen Juanes, "esta reforma de gran calado unifica la información relativa a la incapacidad de la persona y plasma la sensibilidad del Gobierno socialista hacia las personas con discapacidad".

Entre los aspectos más importantes de la reforma, Juanes ha destacado las medidas que inciden en la regulación y organización del registro Civil. "El objetivo es posibilitar que el Registro Civil actúe como un mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la aplicación de la normativa sobre la incapacidad judicial de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas".

La diputada del PSOE ha resaltado que la actual regulación va a permitir la obtención de datos generales sobre el número y alcance de las incapacitaciones que se producen en nuestro país. Además, contempla la creación en el Registro Civil Central de "un punto de concentración de toda la información relativa a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar, la constitución o la modificación de organismos tutelares".

También ha explicado que supone un "importante avance" ya que va a permitir la puesta en práctica de forma efectiva de la figura del patrimonio protegido (designación de bienes para necesidades vitales) como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Por otro lado, Juanes ha hecho hincapié en que introduce la puesta en práctica de un principio de coordinación informativa entre las distintas secciones del Registro Civil y entre los distintos Registros Civiles, de la Propiedad y Mercantiles que reflejen esas situaciones de incapacidad y constitución de patrimonios protegidos y el Notariado, que autoriza los documentos públicos en que se recogen disposiciones referentes a esta cuestión.

La responsable socialista ha aseverado que la nueva regulación viene a resolver ciertas dudas generadas en ley 41/2003, aprobada durante el mandato del PP, y cuyo mayor defecto fue "la generalidad".

La ponente socialista ha resaltado que "es necesario mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos para que los beneficios fiscales puedan favorecer la constitución y el mantenimiento de los mismos, y esta es la línea en la que está trabajando este Gobierno, buscando las formas jurídicas más apropiadas para conseguir este fin". En este sentido, Juanes ha defendido las enmiendas remitidas por el Senado para que el Gobierno remita, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de mejora de tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, "porque no era oportuno introducir estas modificaciones en esta reforma, dado que exigen un análisis profundo y una revisión más detallada".

Plan de Acción para la ejecución de la Estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un Plan de Acción para la ejecución de la Estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad, para su debate en el Pleno

Exposición de motivos

Durante la pasada Legislatura fueron aprobadas una batería de normas de gran calado cuya finalidad principal era mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad.

El Gobierno trabajó sobre tres grandes ejes: la atención a las personas con discapacidad, que dio lugar a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; el relativo a la accesibilidad universal, con la promulgación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; y, objetivo de primer orden, la integración social de estas personas a través del empleo,

En relación con este tercer eje de actuación es importante mencionar la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, la cual supuso el establecimiento de importantes bonificaciones para la contratación indefinida de las personas con discapacidad, bonificaciones que no sólo son las más elevadas en referencia a otros colectivos, sino que tienen en cuenta a la vez todas las variables a considerar: el sexo, la edad, el tipo de discapacidad y el grado de minusvalía.

La Ley 43/2006 supone un antes y un después en la regulación de la integración laboral de las personas con discapacidad. La misma introduce una nueva metodología que, al partir de la situación del empleo de estas personas, nos permite marcar una estrategia de futuro, con objetivos concretos a alcanzar. Con ello, supera una anterior etapa caracterizada por la adopción de medidas puntuales, en no pocas ocasiones adoptadas en las diversas Leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y por medio de planes de empleo caracterizados por un corto plazo de vigencia, carentes de una visión global. Asimismo, es preciso poner de manifiesto que esta nueva metodología también se caracteriza por una dinámica de trabajo permanente, más participativa y basada en el diálogo social.

De este modo, esta Ley en su Disposición adicional duodécima mandada al Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, a aprobar una Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, que contenga un amplio repertorio de iniciativas y medidas dirigidas a promover su acceso al mercado de trabajo, la mejora de su empleabilidad y su integración laboral.

El pasado 26 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, a desarrollar entre 2008 y 2012, con una inversión de 3.700 millones de euros. Sus objetivos generales pueden resumirse en, por un lado, aumentar la tasa de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación. Para ello cuenta con siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación, que inciden, además de en la política de empleo, en ámbitos como la educación, la seguridad social o la política fiscal.

Asimismo, cuenta con dos objetivos de naturaleza transversal: utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de estas personas y prestar especial atención a aquellas variables (tipo y grado de discapacidad, edad, lugar de residencia, entre otras) que agravan la situación de inactividad de algunas de ellas. El otro objetivo transversal es atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.

Siendo este el contenido de la Estrategia, y teniendo una vigencia de cinco años, procede ahora la elaboración por parte del Gobierno de un Plan de Acción para su ejecución, con determinación de los sujetos responsables, la prioridad de las actuaciones a corto, medio y largo plazo, con previsión de una evaluación periódica de las medidas que permita conocer el grado de su ejecución y dificultades, así como de su eficiencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con las Comunidades Autónomas, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, elabore un Plan de Acción para el impulso y ejecución de las medidas contenidas en la Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, con determinación de los sujetos responsables, así como con una previsión de evaluación periódica de las medidas desarrolladas y de su incidencia en la inserción laboral de estas personas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009. —María José Sánchez Rubio, Diputada. Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario

Socialista.

Congreso 13 de febrero de 2009. —Serie D. Núm. 146

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con motivo de la celebración el día 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

«El Congreso de los Diputados, con motivo de la celebración el próximo día 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quiere sumarse a esta iniciativa de sensibilización social y apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Para el año 2008 la celebración de este día tendrá como lema “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Dignidad y Justicia para todas las personas”. El Congreso quiere destacar el valor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad. Muestra del apoyo de esta Cámara a dicha Convención fue la aprobación por unanimidad en sesión plenaria, de la adhesión de España a dicha Convención así como su Protocolo Facultativo que fueron posteriormente depositados en la sede de la ONU el día 3 de diciembre de 2007, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por último el Congreso quiere reconocer el importante papel que desempeña el movimiento asociativo que representa en nuestro país al sector de la discapacidad y a sus familias, que viene siendo un instrumento fundamental para superar las desventajas de las personas con discapacidad y promover su participación e integración en todos los ámbitos de nuestra sociedad.»

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2008.—P. A. El Secretario General
Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.