PSOE, PP, CIU y PNV respaldan en el Congreso la tramitación del Proyecto de Ley fomento de alquiler
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy la enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y a la Eficiencia Energética de los Edificios presentada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV.
Los votos del PSOE, PP, CiU y PNV permiten que la norma continúe su tramitación parlamentaria ante la Comisión de Vivienda. Proyecto de ley que "garantizará la protección tanto a arrendadores como a inquilinos y agilizará la resolución de conflictos entre ambos", en opinión de la diputada socialista Ana Mª Fuentes, quien reslató, además, que "se trata de dar celeridad al mercado del alquiler y de establecer mayor seguridad jurídica". La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, defendióeste jueves el proyecto de Ley, que "refuerza la seguridad jurídica de los contratos y la eficacia de la Administración de Justicia en los conflictos arrendaticios, favoreciendo tanto a propietarios como a inquilinos de buena fe frente a posibles abusos de la otra parte".
Durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley, Corredor explicó que "el texto ofrece soluciones ponderadas y razonables a los propietarios de viviendas alquiladas para la resolución, sin dilaciones indebidas, de los conflictos arrendaticios, sin olvidar que un mayor clima de confianza ayudará a que se reduzcan las garantías, avales y fianzas, a menudo excesivas que se suelen exigir a los inquilinos".
Según destacó la ministra, el fundamento de la nueva ley radica en la necesidad de impulsar definitivamente un amplio mercado del alquiler en España. "La existencia de un gran número de viviendas desocupadas es contradictorio e inaceptable dadas las necesidades de una parte importante de la población". Pero para que estas viviendas se ofrezcan en alquiler, "es absolutamente necesario establecer un marco de seguridad jurídica más eficiente, de forma que sus propietarios tengan garantías de que van a cobrar las rentas impagadas y en un plazo razonable de tiempo", agregó.
Las modificaciones afectan a tres leyes. En la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato para que el arrendador pueda recuperar la vivienda no solo para sí, como hasta ahora, sino también para sus padres o sus hijos, siempre que haga constar tal posibilidad en el contrato.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil se reducen determinados plazos y se introducen mayores facilidades procesales para el demandante, entre destacan la ampliación de los supuestos en que podrá acudir al juicio verbal o la novedad de que con una única sentencia se puede conseguir el lanzamiento y las rentas debidas, también las devengadas durante el proceso, sin necesidad de tener que acudir nuevamente al juzgado para hacerlo efectivo.
La ministra hizo hincapié en que "el Gobierno comparte la preocupación por la situación de hogares en alquiler con dificultades económicas, pero también tiene claro que la protección de esas familias no debe recaer ni sobre los arrendadores ni en el uso fraudulento de la justicia". "La responsabilidad de proteger a las familias más desfavorecidas corresponde a los poderes públicos y este Gobierno la ha hecho suya con medidas como, por ejemplo, las importantes ayudas para los inquilinos contempladas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) o la deducción en IRPF de las rentas satisfechas en concepto de alquiler", señaló la titular de Vivienda.
La Ley de Propiedad Horizontal también se modifica para facilitar las mayorías necesarias en las juntas de propietarios para que la comunidad afronte la realización de obras de mejora de eficiencia energética del edificio, evitando que la decisión de uno solo de los copropietarios pueda interferir en la voluntad colectiva.
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