El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la siguiente Proposición no de Ley sobre indicadores de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.Motivación
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, reconoce que la igualdad formal, plenamente reconocida ante la Ley, se ha mostrado insuficiente en muchos ámbitos. A fin de contrarrestar esta situación, en 2007 las Cortes Generales aprobaron dicha ley en la que se establecieron numerosos instrumentos para impulsar las políticas de igualdad.
Esta Ley, junto con el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2008-2011, han supuesto un ambio de enfoque en el funcionamiento y desarrollo de los trabajos en las Administraciones Públicas con el objeto de eliminar las brechas de género que pudieran
existir previamente.
Con la creación del Ministerio de Igualdad, el Gobierno se ha puesto a la altura de las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la atención precisa contra la discriminación de las mujeres. A lo largo de estos años, se han implementado unos modelos necesarios para las políticas de igualdad con un respaldo presupuestario permanente. Además, se han establecido marcos de cooperación con las Comunidades Autónomas y entes locales exigidos para optimizar esfuerzos y recursos destinados a estas políticas.
Es clave poder medir el impacto que estas políticas públicas tengan en la consolidación del proceso de implantación del mainstreaming de género y en la superación de las discriminaciones de las mujeres por razón de sexo. De tal modo lo recoge la propia LO 3/2007 en su artícu lo 20, en el que se incluye la perspectiva de género dentro de las estadísticas y estudios elaborados por los poderes públicos.
De este modo, hemos observado cómo las Administraciones Públicas se han visto en la necesidad de contar con unos indicadores que nos permitan identificar la situación de hombres y mujeres en la economía, la política y la sociedad. En algunos casos, el mero desagregamiento por sexo de los indicadores que han venido utilizándose tradicionalmente muestra esta realidad, aunque no siempre de modo eficaz para visibilizar la complejidad social que sitúa a hombres y mujeres en
posiciones desiguales ya que no han sido formuladas desde una perspectiva de género.
La actuación de los poderes públicos en este campo, por otra parte, creará pautas y modelos a seguir por empresas privadas y organizaciones sociales involucradas en la generación, análisis, seguimiento o evaluación de este tipo de información.
Continuar en esta tarea de creación de nuevos indicadores que clarifiquen situaciones de desventaja de las mujeres es, por tanto, imprescindible para el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la evolución de la igualdad de oportunidades.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, reconoce que la igualdad formal, plenamente reconocida ante la Ley, se ha mostrado insuficiente en muchos ámbitos. A fin de contrarrestar esta situación, en 2007 las Cortes Generales aprobaron dicha ley en la que se establecieron numerosos instrumentos para impulsar las políticas de igualdad.
Esta Ley, junto con el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2008-2011, han supuesto un ambio de enfoque en el funcionamiento y desarrollo de los trabajos en las Administraciones Públicas con el objeto de eliminar las brechas de género que pudieran
existir previamente.
Con la creación del Ministerio de Igualdad, el Gobierno se ha puesto a la altura de las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la atención precisa contra la discriminación de las mujeres. A lo largo de estos años, se han implementado unos modelos necesarios para las políticas de igualdad con un respaldo presupuestario permanente. Además, se han establecido marcos de cooperación con las Comunidades Autónomas y entes locales exigidos para optimizar esfuerzos y recursos destinados a estas políticas.
Es clave poder medir el impacto que estas políticas públicas tengan en la consolidación del proceso de implantación del mainstreaming de género y en la superación de las discriminaciones de las mujeres por razón de sexo. De tal modo lo recoge la propia LO 3/2007 en su artícu lo 20, en el que se incluye la perspectiva de género dentro de las estadísticas y estudios elaborados por los poderes públicos.
De este modo, hemos observado cómo las Administraciones Públicas se han visto en la necesidad de contar con unos indicadores que nos permitan identificar la situación de hombres y mujeres en la economía, la política y la sociedad. En algunos casos, el mero desagregamiento por sexo de los indicadores que han venido utilizándose tradicionalmente muestra esta realidad, aunque no siempre de modo eficaz para visibilizar la complejidad social que sitúa a hombres y mujeres enposiciones desiguales ya que no han sido formuladas desde una perspectiva de género.
La actuación de los poderes públicos en este campo, por otra parte, creará pautas y modelos a seguir por empresas privadas y organizaciones sociales involucradas en la generación, análisis, seguimiento o evaluación de este tipo de información.
Continuar en esta tarea de creación de nuevos indicadores que clarifiquen situaciones de desventaja de las mujeres es, por tanto, imprescindible para el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la evolución de la igualdad de oportunidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando, en colaboración con las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, empresas privadas y organizaciones sociales, la revisión y construcción de indicadores de género y su inclusión en estudios y estadísticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Carmen Montón Giménez, Diputada. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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