En el Pleno del Congreso de los Diputados se debatió una iniciativa DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO relativa a la MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, PARA LA CONSIDERACIÓN
DE AUTORIDAD PÚBLICA A LOS MAESTROS Y PROFESORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

Por el Grupo Socialista tomó la palabra doña Cándida Martínez López.

La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el sistema educativo el profesorado es la pieza clave de la calidad de la enseñanza, y la cabeza visible del sistema público y de la educación en general. Su reconocimiento, cualificación, prestigio y autoridad docentes son fundamentales para que el sistema educativo cumpla su misión fundamental de hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado. Un sistema de calidad necesita de un profesorado bien formado, reconocido, con excelentes condiciones de trabajo, y al que se le reconozca su autoridad docente y su función social relevante. Ese es uno de los retos que hemos de atender para alcanzar los objetivos educativos que nos hemos trazado en los últimos años. El compromiso por trabajar en esa dirección ha sido manifestado por este grupo en distintas intervenciones, y sobre todo constituye uno de los aspectos centrales del pacto que el Ministerio de Educación ha propuesto a las distintas fuerzas políticas. Así lo ha señalado el ministro de Educación en sus comparecencias en este Parlamento, y esta portavoz en distintas intervenciones, y así se le ha propuesto al Partido Popular en las conversaciones mantenidas acerca del pacto.
Nos sorprende por tanto que el Grupo Popular traiga hoy esta proposición de ley, pues atenta a la cortesía política y parlamentaria que un grupo con el que el Gobierno está en vías de negociar un pacto de Estado por la educación presente en el Congreso iniciativas como la señalada, y hurte del posible acuerdo un tema tan importante como la dignificación y el reconocimiento social de la labor de los profesores. Habría que preguntarse a qué obedece esa actitud del Partido Popular.
¿Desconoce esa elemental norma que conlleva toda negociación, o acaso quiere dificultar la posibilidad del pacto? Además, no entendemos la lógica del Grupo Popular, que hace apenas unos días propone en el Senado la creación de una ponencia para estudiar medidas a adoptar para reforzar la autoridad docente, y sin esperar siquiera a que esa comisión se constituya trae ya una medida concreta, como es esta proposición de ley. No entendemos las diferencias de enfoque ni el método de trabajo del Partido Popular respecto a este tema.
Señorías, señores del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo no va a entrar en esa dinámica, ni dentro ni fuera del Parlamento, de ver quién habla más fuerte y, si me lo permiten, con más demagogia sobre un tema tan importante para el sistema educativo. Estamos ante un tema serio y complejo, y como tal queremos tratarlo.
Queremos hablar de la autoridad docente, del prestigio del profesorado, de su reconocimiento social, pero hagámoslo en un debate serio y sereno, en el marco del pacto que el Gobierno ha ofrecido al conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara. Por ello, señorías, no vamos a apoyar esta proposición de ley. Dos razones fundamentales nos llevan a ello. La primera ya la he esbozado: carece de toda lógica política que, una vez iniciadas conversaciones para alcanzar un pacto por la educación, lo relativo a la autoridad docente no forme parte del mismo. Nuestra voluntad de pacto, señorías, es seria y es decidida, pero también exigimos la lealtad necesaria
para poderlo llevar a buen puerto. Traer aquí este debate ni es oportuno ni es el mejor método para trabajar en pro de ese acuerdo. Para lograr el pacto por la educación se necesita altura de miras y se necesita altura política. Y esa exigencia, que estamos convencidos que nos está haciendo toda la sociedad, debe de comenzar por una cosa importantísima: la lealtad a la hora de abrir esta negociación. Con esta primera razón, señorías, ya sería suficiente para argumentar nuestra posición contraria a esta proposición de ley: no es el momento, ni es el método de trabajar. Señorías, no podemos ir haciendo el pacto por entregas. Pero es que además queremos manifestar un segundo argumento para exponer nuestra posición contraria a esta proposición de ley, y es que no compartimos la formulación del Grupo Popular porque reduce el concepto de autoridad docente al ámbito penal, y porque aplicada con todas sus consecuencias —lo decían antes algunos de los portavoces que han intervenido— pudiera ser peligrosa y hasta contraria al funcionamiento que se exige de la educación en una sociedad democrática. El Código Penal ha sido reiterado ya en esta tribuna, y también la fiscalía reconoce que se atenta contra el funcionario público, y a partir de ahí se han calificado como tales las agresiones a los funcionarios
docentes con las correspondientes penas de prisión.
Cierto es que a dicha calificación no puede acogerse el profesorado de los centros concertados; es cierto, pero es a ellos a quienes va dirigida esta proposición de ley.
¿Lo que quiere el Grupo Popular con ella es aumentar la calificación o la cuantía de las penas? ¿Lo que pretende es que una desobediencia de un alumno pueda ser calificada como delito? ¿Incluso habría que plantearse si una ley de educación es la adecuada para abordar esos temas? Señorías, demasiadas preguntas, contradicciones, y sobre todo posibles efectos no deseados en esta propuesta del Grupo Popular. Estamos convencidos, señorías, de que con esta propuesta no se aumenta la autoridad del profesorado; lo que se aumentan son las penas, pero no la autoridad. El Grupo Socialista quiere hablar y llegar a acuerdos sobre cómo reforzar la autoridad del profesorado, reforzar, no recuperar una autoridad pasada, basada en el miedo, desde luego de regímenes no democráticos. El Grupo Socialista quiere hablar de la autoridad, una autoridad
derivada del auténtico prestigio social del profesorado, fruto de una excelente cualificación para cumplir eficazmente su papel en sociedades complejas, y poder granjearse el aprecio social, no una autoridad derivada de incrementar las penas. Queremos hablar de una autoridad y de un prestigio social que se expresen en una carrera profesional que incentive las buenas prácticas,
que motive el trabajo en equipo, y no de una autoridad con unas tarimas que separe al profesorado del alumnado.
Una autoridad y prestigio que conlleven la mejora de las condiciones de trabajo para que el objetivo de formar a todos los jóvenes, vivan donde vivan y tengan las condiciones culturales y sociales que tengan, pueda llevarse a cabo. Y ello, señorías, se hace reforzando los centros con profesorado de apoyo o con ratios inferiores de alumnos allí donde los índices de fracaso son más
elevados. Esas son medidas para reforzar la autoridad, no esa argucia de tener que llamar de usted. Queremos hablar de una autoridad consecuencia de la adopción de normas de convivencia en los centros escolares que mejoren el clima del centro; normas de convivencia para hablar del respeto al profesorado; normas de convivencia para hablar del orden necesario para el buen funcionamiento del sistema educativo; normas de convivencia que se impregnen de la cultura de paz, y que enseñen al alumnado a regular de forma pacífica los conflictos en el marco de la educación para la ciudadanía, no de una autoridad derivada de que los jóvenes puedan ser condenados a cárcel por desobedecer una orden del profesorado; una autoridad, señorías, consecuencia de un gran pacto social con los padres y madres, con los medios de comunicación, que refuerce de verdad el prestigio social, la autoestima y la autoridad docente.
El Grupo Socialista, señorías, renueva una vez más su compromiso con el profesorado, y junto a él con el sistema educativo público de nuestro país, y ese compromiso pasa por impulsar un conjunto de acciones destinadas a establecer una carrera profesional que incentive y que motive buenas prácticas, por establecer mecanismos de apoyo para que el profesorado ejerza adecuadamente su función docente, y por formalizar un pacto con las familias y los medios de comunicación para reforzar su reconocimiento y su prestigio social. Todo ello, señorías, reforzará la autoridad y el prestigio como docentes, como profesionales que ejercen una de las tareas fundamentales para nuestra sociedad: la formación de los futuros ciudadanos. Por eso, señorías, les invitamos —también al Partido Popular— a debatir en serio y a adoptar medidas eficaces para el profesorado. Mi grupo está convencido de que el profesorado agradecerá que el Parlamento tome en serio sus problemas, su auténtica autoridad y su prestigio social.
Muchas gracias. (Aplausos.)