Reforma de la arquitectura financiera internacional y eliminación de los paraísos fiscales.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de los paraísos fiscales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El mundo atraviesa la peor situación económica desde la Gran Depresión de 1929, como consecuencia de la crisis financiera desatada primero en Estados Unidos por las hipotecas subprime en 2007 y contagiada al resto de las economías avanzadas tras la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008.
Desde entonces, los gobiernos europeos y el gobierno norteamericano han tomado múltiples medidas para contener el pánico bancario, asegurar los depósitos de los clientes, inyectar capital en las entidades con importancia sistémica, inyectar liquidez adicional en el sistema crediticio y estimular la actividad económica, una vez la recesión ya era inevitable. También la mayor parte de los países emergentes de América Latina y Asia han tomado medidas de tipo monetario y fiscal.
Junto a estas iniciativas, el pasado 1 y 2 de abril los líderes del G-20 se comprometieron en Londres a acordar políticas de reforma de la regulación y la arquitectura financiera internacional que fueran coherentes con los siguientes principios: restaurar el crecimiento y el empleo; fortalecer la supervisión y la regulación financieras; fortalecer las instituciones financieras mundiales; resistir el proteccionismo y promover el comercio y la inversión mundiales; y garantizar una recuperación justa y sostenible para todos. En este sentido, se han alcanzado acuerdos concretos como la creación de un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera, la publicación por la OCDE de la lista de paraísos fiscales, o la inyección de 5 billones de dólares que contribuirán a facilitar la recuperación de la economía mundial.
El Gobierno de España hizo una contribución decisiva a la Cumbre, donde mantuvo que la prioridad principal de este encuentro debía ser cómo frenar definitivamente la dinámica de inestabilidad a corto plazo del sistema financiero y la economía real, acometiendo las reformas necesarias para que una situación como ésta no se vuelva a repetir en el futuro.
En este sentido, y a medio plazo, el gobierno ha sostenido que la regulación de las instituciones financieras, de los mercados y de las infraestructuras debe ser revisada para mejorar sus bases económicas, y debe ser apoyada por una supervisión coordinada de mayor calidad.
Asimismo, el gobierno ha defendido que las instituciones financieras internacionales necesitan un cambio urgente para ganar en la lucha contra esta crisis y también para evitar crisis futuras.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, dentro de los parámetros establecidos por el G-20 en su reunión de Londres, a:
— Promover las medidas necesarias para incrementar la transparencia en el sistema financiero. Lo que implica:
• Asegurar que las autoridades públicas tienen toda la información relevante acerca de las instituciones, mercados e infraestructuras relevantes del sistema financiero.
• Promover la educación financiera, asegurando que los clientes minoristas de servicios financieros reciben una información exacta y justa, estableciendo garantías regulatorias preventivas y planes de garantías de prefinanciación así como tomar medidas enérgicas
contra las prácticas engañosas o abusivas.
• Impulsar las modificaciones contables necesarias para asegurar una mejor valoración de las empresas.
• Impulsar una regulación internacional de las
Agencias de Calificación.
— Tomar las medidas necesarias para evitar incentivos perversos en las decisiones financieras. Esto supone que:
• Los esquemas de retribución para ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras deben ligarse a la evolución real de la empresa y deben quedar sujetos a publicación individual y aprobación por los accionistas.
— Defender una reforma de las instituciones financieras multinacionales que fortalezca sus capacidades para actuar en la crisis actual y evitar crisis futuras.
Para ello:
• Los recursos del Fondo Monetario Internacional deberían reforzarse para proteger su papel, como prestamista de última instancia. Asimismo, se deberían actualizar sus herramientas de préstamo para fortalecer su capacidad de prevención de crisis.
• El FMI debe reformar su sistema de gobernanza para adecuar la representación de los distintos miembros a su peso en la economía mundial en la toma de decisiones. Además, la nueva gobernanza debe facilitar el intercambio de información financiera entre países.
• El FMI debe reforzar su coordinación con el nuevo Consejo de Estabilidad Financiera surgido del G-20, que debería estar capacitado para ejercer de supervisor financiero internacional y establecer un sistema de vigilancia y alerta temprana para prevenir nuevas crisis.
También debe mejorar la coordinación con los Bancos Multilaterales de Desarrollo, cuya acción de ayuda a los países debe tener carácter contracíclico.
— Promover todas las medidas necesarias para eliminar la impunidad de los paraísos fiscales, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Esto podría lograrse a través de varias medidas entre las que se pueden destacar las siguientes:
• La introducción de desincentivos fiscales para todo movimiento de fondos que tengan como origen o destino un paraíso fiscal.
• No reconocimiento de la capacidad de las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil cuando estas entidades hayan ejecutado prácticas delictivas con arreglo a los estándares de la Unión Europea.
• Establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales.
• Supresión del secreto bancario y establecimiento de un mecanismo de vigilancia y sanciones efectivo para protegernos de los riesgos que plantean las jurisdicciones no cooperativas.
• Requerir el intercambio automático de información fiscal en paraísos fiscales y promover la armonización de regulación y estándares contra el blanqueo de dinero.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2009.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.— Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.