Debate sobre el estado de la Nación. Comunicación del Gobierno

El Gobierno, continuando la costumbre iniciada en 1984, solicita de la Cámara la celebración de un debate de política general con el fin de presentar ante ella, y ante el conjunto de los ciudadanos, su valoración del estado de la Nación, informar sobre el contenido de la acción política desarrollada durante el último año, someterla a la discusión de los distintos Grupos, y conocer sus alternativas y las resoluciones de la Cámara que orienten la acción del Gobierno en los próximos meses.
Ha transcurrido un año desde la celebración del debate de investidura. En él, se expusieron las líneas generales del programa de acción política del Gobierno para el conjunto de la Legislatura en las distintas áreas del quehacer social.
En ejecución de este programa, el Gobierno ha dado pasos decididos en distintos ámbitos: desde el reforzamiento de las políticas de protección social, innovación o educación y formación, a la inversión en infraestructuras; desde la ordenación de la inmigración, a la defensa del principio de igualdad. También, y muy destacadamente, en la lucha contra el terrorismo. También, en la presencia de España en la comunidad internacional.

Pero ya entonces, el debate sobre la situación económica centró la atención de todos los grupos políticos. En aquel momento, la economía española se movía entre la apreciable desaceleración derivada de la contracción del sector de la construcción y la necesidad de impulsar un crecimiento económico más sostenible, basado en sectores emergentes con un mayor valor añadido y un desarrollo más estable, sectores que venían reforzándose en la España de los últimos años.
La realidad del primer año de esta Legislatura, en cambio, nos ha situado, casi sin transición ninguna, ante una crisis sin precedentes, que afecta hoy a todos los países del mundo y que, a partir de su desencadenamiento más virulento con el crash financiero del pasado verano en Estados Unidos, se ha convertido en una crisis económica global.
En España, esta crisis, si ha permitido comprobar la solidez de nuestro sistema financiero, también ha puesto en evidencia algunas debilidades de nuestro patrón de crecimiento y, lo que es más importante, ha provocado un muy fuerte aumento del desempleo. Este es, para el Gobierno, el elemento diferencial más relevante de nuestra situación respecto del conjunto de países europeos y, por ello, el principal reto al que deben seguir dirigiéndose todos los esfuerzos en los próximos meses.La situación del mercado laboral en nuestro país se deriva de la confluencia de la doble crisis citada, financiera y de la construcción, con una estructura del empleo en España que, a pesar del cambio iniciado en la anterior Legislatura, continúa presentando elementos característicos y singulares: concentración en determinados sectores intensivos en mano de obra, muy altas
tasas de temporalidad, y un sostenido, constante y muy considerable incremento de la población activa.

Ante la evolución fuertemente negativa de la situación económica y de empleo, el Gobierno, desde el primer momento, ha adaptado su programa de legislatura a las necesidades económicas, políticas y sociales derivadas de aquélla.

El conjunto de medidas adoptado a lo largo de estos meses constituye el mayor esfuerzo realizado en España desde la Administración frente a una situación de crisis económica. Ha sido posible abordarlo gracias a la saneada situación de las finanzas públicas alcanzada en la Legislatura anterior.
Ese esfuerzo, que ha sido expuesto ya en el Congreso de los Diputados en las múltiples comparecencias realizadas, se ha orientado a la triple finalidad de responder a las dificultades de los diversos sectores de la economía, mantener y reforzar el compromiso público en el apoyo a las personas que se han visto afectadas por la crisis y, por último, impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas y sectores que permitan recuperar cuanto antes la senda del crecimiento económico y que, además, lo hagan del modo más sólido y sostenible posible.
Algunas de estas medidas provienen de la Legislatura anterior y el resto se han ido adoptando a lo largo de los meses transcurridos de la presente, de modo acompasado con el desarrollo de la propia crisis y con los acuerdos internacionales que están en la base de las respuestas
de todos los países.
Todas ellas se enmarcan en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo y constituyen, en su conjunto, una estrategia global de lucha contra la crisis. Global por los problemas a los que se enfrenta: desde la falta de liquidez de las empresas al estímulo
del sector de la construcción. Global por los destinatarios de las medidas: de las propias entidades financieras a los contratistas de las administraciones locales o a los perceptores de prestaciones de desempleo en dificultades para pagar su hipoteca. Y global también por el tipo de medidas adoptadas, que incluyen una gama variada de instrumentos: desde estímulos fiscales a avales, subvenciones directas o inversiones del Estado.
El Gobierno pretende que el debate de política general que hoy solicita sirva para hacer un primer balance objetivo de la eficacia de esas medidas, transcurrido el tiempo mínimo indispensable para su incidencia en la economía real, así como para plantear nuevas iniciativas que logren contener la destrucción del empleo y anticipar la recuperación del crecimiento. Todas ellas, a juicio del Gobierno, deben satisfacer el doble compromiso de respetar las líneas de actuación acordadas en los foros internacionales y de mantener las prioridades políticas y sociales presentadas en el programa de Legislatura.
En relación con estas últimas, el Gobierno ha propiciado avances concretos en el primer año de Legislatura (aumento de las pensiones más bajas, desarrollo y financiación del sistema de atención a la dependencia, incremento del presupuesto de educación...), y, asimismo, ha llevado a cabo una tarea preparatoria de diversos proyectos legislativos dirigidos a asegurar la efectividad de los derechos constitucionales. Ello incluye desde una Ley integral de igualdad de trato, a la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo; desde la adaptación de la normativa de inmigración a la jurisprudencia constitucional, a la reforma de la ley de libertad religiosa a la luz de la realidad social sobre la que se proyecta.
En estos y en otros proyectos, el Gobierno espera alcanzar acuerdos con las diversas fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados.
La preparación y desarrollo de la Presidencia Española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 es un objetivo de proyección nacional que debe implicar no sólo al Gobierno, sino al conjunto de las instituciones y administraciones, a las fuerzas políticas y los interlocutores sociales, y a la sociedad en su conjunto.

Es, pues, un terreno propicio para el más amplio acuerdo político y social, que el Gobierno ofrece, y también reclama, para que contribuya al éxito nacional ante este reto y reafirme, así, la acreditada vocación europeísta de nuestro país.
Estos acuerdos con los Grupos políticos de la Cámara también son, a juicio del Gobierno, especialmente necesarios en el ámbito de las llamadas reformas estructurales, que van mucho más allá de la actual lucha contra la crisis económica con la que habitualmente se asocian.
Desde el inicio de esta Legislatura, el Gobierno ha manifestado la necesidad de abordar la modernización de numerosos ámbitos fundamentales de nuestra estructura social y administrativa, reduciendo así algunas de las diferencias que nos separan de los países más avanzados de la Unión Europea. Algunas de esas reformas han sido ya aprobadas o se encuentran en discusión en esta cámara, como la modernización de la legislación procesal y de la propia administración de justicia, el aumento de la competitividad en el sector de los servicios, la reducción de las cargas administrativas, el desarrollo del Plan de ahorro y eficiencia energética o la reciente regulación de la Tarifa de último recurso en el mercado eléctrico. Otras reformas llegarán al Parlamento en los próximos meses: el nuevo marco regulador de la actividad investigadora en la Ley de la Ciencia, el impulso en la lucha contra el cambio climático que debe derivarse de la nueva ley en materia de eficiencia energética y energías renovables o la revisión completa de la normativa sobre los distintos sectores del transporte.
La voluntad de acuerdo del Gobierno no sólo se proyecta sobre los grupos parlamentarios de la Cámara, sino que alcanza también al resto de administraciones públicas, y muy especialmente a las Comunidades Autónomas. El acuerdo entre todas las administraciones no sólo es necesario en el marco de la reforma, sin duda estructural, del sistema de financiación autonómica, sino que también constituye un objetivo del Gobierno en ámbitos sectoriales de especial interés en el momento presente: desde la protección social a la dinamización de la industria y el comercio.
Esta voluntad de acuerdo sigue siendo también la noción rectora en materia de reformas sociales. En este ámbito no hay reforma estructural posible ni deseable si no se realiza a partir de la aceptación de los actores sociales. El Gobierno, pues, quiere expresar, en el marco del Debate de Política General, el mantenimiento de su compromiso de actualización constante del Diálogo Social y de rechazo de cualquier iniciativa que signifique un avance unilateral de alguno de los interlocutores sociales a costa de los otros.
El Gobierno espera que el Debate sobre el estado de la Nación pueda ofrecer a los representantes democráticos la ocasión adecuada para, ante todo, discutir en profundidad y, en su caso, llegar a acuerdos sobre las respuestas a la grave crisis económica que padecemos y también sobre las demás actuaciones y compromisos contraídos en el Programa de Investidura.