La Comisión de Igualdad ha aprobado, con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención, las conclusiones de la Subcomisión creada para estudiar la reforma de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco de una nueva norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva.
Los miembros de la Comisión rechazaron, con 20 votos en contra, 16 favorables, y una abstención, el voto particular del Grupo Parlamentario Popular, el único que mantuvo vivo su texto discrepante al término del debate.
La subcomisión empezó a trabajar en el 22 de octubre del pasado año a iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Socialista, ha acogido doce sesiones, ocho de las cuales contaron con las comparecencias de distintos representantes de la sociedad civil, instituciones, organizaciones y profesionales de los sectores afectados.
Al término de los trabajos de la subcomisión, la Comisión de Igualdad propone, con los votos en contra del Grupo Popular y la abstención del PNV, “elaborar una nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva, en el ámbito de la salud pública, con la consiguiente derogación del delito del aborto del artículo 417 bis del anterior Código Penal, aún vigente”.
El texto propone sustituir el actual modelo de indicaciones “por un modelo en el que corresponda a las mujeres embarazadas la decisión sobre la IVE en un plazo determinado, sin supervisión de terceros, combinado con la previsión de varios supuestos o previsiones en los que la IVE podría practicarse durante un periodo mayor al plazo general”.
Las indicaciones que no entrarían en el plazo deberían tener en cuenta, añade la propuesta, “los supuestos en que exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, se detecten graves anomalías físicas o psíquicas en el feto o malformaciones o enfermedades graves en el mismo incompatibles con la vida”.
El informe propone reconocer a las menores la capacidad de decidir autónomamente a partir de los 16 años y establecer que sea oída cuando sea mayor de doce; y clarificar el ejercicio de la objeción de conciencia, que “en ningún caso podrá ser invocada por centros sanitarios, y no debe erigirse en un obstáculo para el acceso de las mujeres a la IVE, correspondiendo a las autoridades sanitarias velar en todo momento por la efectividad de dicha prestación”.
El documento plantea también una nueva normativa sobre derechos y salud sexual y reproductiva que aborde, entre otras cuestiones, políticas públicas en materia de prevención, incluir la formación en materia afectivo-sexual obligatoria en el sistema educativo; garantizar la atención de calidad en salud sexual y reproductiva; incluir la IVE y las cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de las profesiones sanitarias e impulsar la investigación en materia de anticoncepción y salud sexual y reproductiva.
.JPG)
No hay comentarios:
Publicar un comentario