Contención y transparencia en la retribución de los altos cargos de la Junta de Andalucía

Martínez Aguayo destaca la contención y la transparencia en la retribución de los altos cargos de la Junta de Andalucía
La consejera recuerda que la partida destinada a altos cargos supone el 0,06% del presupuesto y que su sueldo es inferior al de otras comunidades autónomas

La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que "si algo caracteriza a las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía es su moderación y contención, su transparencia y su estricto régimen de incompatibilidades" y ha recordado que la partida destinada a altos cargos supone el 0,06% del total del presupuesto.

En el Pleno del Parlamento, Martínez Aguayo ha explicado que, como media, cada alto cargo cobra en Andalucía unos 61.728 euros, cifra que está "muy por debajo" de las retribuciones en otras comunidades autónomas. Junto a ello, ha indicado que los altos cargos de la Junta de Andalucía están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que garantiza que éstos sean los únicos ingresos profesionales que perciben.

Igualmente, ha defendido la transparencia de estas retribuciones, cuya cuantía viene reflejada en el presupuesto anual de la comunidad, donde también se detalla el número total de altos cargos y su peso porcentual sobre el total del personal al servicio de la Administración en cada una de las consejerías.

Según ha destacado la consejera, esta transparencia no se limita a las retribuciones sino que alcanza también al patrimonio de los altos cargos, que están obligados por Ley a realizar una Declaración de Bienes e Intereses tras el nombramiento, así como a su correspondiente actualización, que cualquier persona puede consultar en internet.

Respecto al personal directivo de las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales y otras entidades de derecho público, Martínez Aguayo ha adelantado que se está "trabajando en el establecimiento de un nuevo marco regulador", aunque ha advertido de que hay que tener en cuenta la heterogeneidad que se desprende de la realidad de las empresas públicas, de las funciones que tienen encomendadas, sin obviar que en este marco han de integrarse tanto empresas que operan en condiciones de mercado como aquellas que son consideradas como un medio propio de la administración.