EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parlamento Andaluz aprobó, el 10 de diciembre de 2007, la primera Ley de Educación de Andalucía. Ley que contó con el apoyo de toda la comunidad educativa y el respaldo de casi todas las fuerzas políticas. Han pasado poco más de dos años y son importantes los aspectos y medidas contempladas en la misma que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz. Medidas referidas a nuevos derechos, modernización de nuestro sistema educativo, enseñanzas.
Entre los objetivos de la Ley se incluyó el de potenciar la promoción profesional, el reconocimiento y la valoración de la actividad docente. El Capítulo II, Título I, concede al profesorado el papel relevante que representa en el sistema educativo, ordena la función pública docente al establecer los elementos para su formación inicial y permanente, para su promoción profesional y para el reconocimiento y apoyo social de su actividad.
La Ley recoge medidas para el profesorado. Así se contempla que la Administración educativa velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea, y que también promoverá acciones que favorezcan su justa valoración social. Además proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional.
En el reciente documento para la convergencia educativa "La Educación en Andalucía. Análisis y Perspectivas", aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 18 de febrero del 2010, recoge ex-presamente que el profesorado debe ver reforzado su papel y que es fundamental conseguir un mayor reconocimiento social y profesional del profesorado. Es ineludiblemente necesario reforzar el respeto a la figura del profesor, su consideración social y el respaldo a las familias. Así como que el profesorado tiene que tener garantizadas las competencias y los instrumentos necesarios para que el clima de convivencia en el aula sea pacífico.
La autoridad del profesorado estuvo presente a lo largo de las sesiones del Grupo de Trabajo. La mayoría de las organizaciones, instituciones, asociaciones manifestaron la necesidad de adoptar medidas enca-minadas a reforzar el prestigio de los docentes. Para muchos, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad del profesorado mantiene una estrecha relación con los problemas de disciplina y convivencia escolar. De ahí que es necesario introducir en los centros educativos una cultura para facilitar el tratamiento eficaz de los conflictos escolares.
El profesorado necesita el apoyo y el respaldo in-condicional de las administraciones, pues no podemos obviar que es la enorme dedicación del profesorado la que ha sostenido y sostiene el edificio del sistema educativo andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. So-cialista somete a la aprobación del Pleno la siguiente
El Parlamento Andaluz aprobó, el 10 de diciembre de 2007, la primera Ley de Educación de Andalucía. Ley que contó con el apoyo de toda la comunidad educativa y el respaldo de casi todas las fuerzas políticas. Han pasado poco más de dos años y son importantes los aspectos y medidas contempladas en la misma que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz. Medidas referidas a nuevos derechos, modernización de nuestro sistema educativo, enseñanzas.Entre los objetivos de la Ley se incluyó el de potenciar la promoción profesional, el reconocimiento y la valoración de la actividad docente. El Capítulo II, Título I, concede al profesorado el papel relevante que representa en el sistema educativo, ordena la función pública docente al establecer los elementos para su formación inicial y permanente, para su promoción profesional y para el reconocimiento y apoyo social de su actividad.
La Ley recoge medidas para el profesorado. Así se contempla que la Administración educativa velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea, y que también promoverá acciones que favorezcan su justa valoración social. Además proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional.
En el reciente documento para la convergencia educativa "La Educación en Andalucía. Análisis y Perspectivas", aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 18 de febrero del 2010, recoge ex-presamente que el profesorado debe ver reforzado su papel y que es fundamental conseguir un mayor reconocimiento social y profesional del profesorado. Es ineludiblemente necesario reforzar el respeto a la figura del profesor, su consideración social y el respaldo a las familias. Así como que el profesorado tiene que tener garantizadas las competencias y los instrumentos necesarios para que el clima de convivencia en el aula sea pacífico.
La autoridad del profesorado estuvo presente a lo largo de las sesiones del Grupo de Trabajo. La mayoría de las organizaciones, instituciones, asociaciones manifestaron la necesidad de adoptar medidas enca-minadas a reforzar el prestigio de los docentes. Para muchos, en la mayoría de las ocasiones, la autoridad del profesorado mantiene una estrecha relación con los problemas de disciplina y convivencia escolar. De ahí que es necesario introducir en los centros educativos una cultura para facilitar el tratamiento eficaz de los conflictos escolares.
El profesorado necesita el apoyo y el respaldo in-condicional de las administraciones, pues no podemos obviar que es la enorme dedicación del profesorado la que ha sostenido y sostiene el edificio del sistema educativo andaluz.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el G.P. So-cialista somete a la aprobación del Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha medidas, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, para reforzar el prestigio y la autoridad del profesorado. Medidas que contemplen:
1. Reconocimiento al profesorado de la autoridad magistral y académica, evitando correcciones injustificadas en su actuación docente.
2. Apoyo y respaldo permanente, el reconoci-miento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas y la inspección educativa.
3. Respeto, consideración y valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad.
4. Respeto del alumnado y a que éstos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.
5. Otorgar al profesorado de los centros docentes públicos la presunción de legitimidad ante la Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.
6. Reprobación ante el Consejo Escolar del centro de las personas que causen daños, injurias u ofensa al personal docente.
7. Promoción por la Consejería de Educación ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado, cuando se hallen desempeñando sus funciones.
8. Asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado de los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional
1. Reconocimiento al profesorado de la autoridad magistral y académica, evitando correcciones injustificadas en su actuación docente.
2. Apoyo y respaldo permanente, el reconoci-miento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas y la inspección educativa.
3. Respeto, consideración y valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad.
4. Respeto del alumnado y a que éstos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.
5. Otorgar al profesorado de los centros docentes públicos la presunción de legitimidad ante la Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.
6. Reprobación ante el Consejo Escolar del centro de las personas que causen daños, injurias u ofensa al personal docente.
7. Promoción por la Consejería de Educación ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado, cuando se hallen desempeñando sus funciones.
8. Asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado de los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional
Sevilla, 16 de abril de 2010.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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