Respuesta del Gobierno a una pregunta en el Senado sobre medidas que adopta encaminadas a recolocar los trabajadores del sector servicios que han perdido su empleo en la provincia de
Cádiz
Repuesta:
En lo que se refiere a la empresa DELPHI, se señala la pronta respuesta del Gobierno a la crisis de dicha empresa, que dio lugar al cierre de sus instalaciones en Puerto Real en el verano de 2007, al presentar en el mes de octubre siguiente, a instancias de la Junta de Andalucía, una solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) con el objeto de que éste financie un amplio paquete de medidas dirigidas a la pronta reincorporación al mercado de trabajo de los más de mil quinientos trabajadores afectados por el cierre, no sólo pertenecientes a la plantilla de DELPHI, sino también empleados por las empresas subcontratistas.
Este Fondo, dotado con un presupuesto anual de 500 millones de euros, concede ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción laboral de los trabajadores en regiones, sectores, territorios o cuencas de empleo afectadas por perturbaciones económicas graves, cofinanciando hasta un 50% las medidas activas que se integren en un marco de servicios personalizados destinados a la reinserción laboral de los trabajadores que hayan perdido sus puestos de trabajo.
Realizado el pertinente análisis por los servicios de la Comisión Europea y efectuada la correspondiente propuesta de intervención del Fondo, la solicitud formulada por España continúa su trámite ante el Parlamento Europeo.
En el ámbito de la provincia de Cádiz, el Gobierno se ha mostrado especialmente sensible al proceso de reestructuración empresarial que se está produciendo en la Bahía de Cádiz, motivo por el que incorporó en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, la disposición adicional sexagésimo sexta, por la que:
«1. —Se autoriza al Gobierno a convenir con la Junta de Andalucía medidas que favorezcan el empleo de los trabajadores desempleados de la Bahía de Cádiz, en los ámbitos de la formación para el empleo, la recolocación, el fomento del empleo, el autoempleo y la protección por desempleo, así como aquellas medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.
2. —Estas medidas podrán contar con una financiación de hasta un 50 por 100 de su importe por parte de la Administración General del Estado, conforme al Convenio que se suscriba con la Junta de Andalucía. A estos efectos, se habilitarán créditos hasta un máximo de 47,5 millones de euros a distribuir entre los ejercicios presupuestarios 2008y 2009.»
Una autorización similar se recoge en la disposición adicional sexta de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sobre esta base normativa, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de Andalucía se encuentran actualmente ultimando el convenio de colaboración que comprende una amplia batería de medidas de políticas activas de empleo, que tienen por objeto lograr una pronta recolocación de los trabajadores objeto del Plan y, por otra parte, prestar una especial atención a quienes, debido a su edad, puedan ver reducidas sus posibilidades de mantenerse en el mercado de trabajo.
A nivel general, es preciso señalar que el incremento de los niveles de desempleo es una preocupación que el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO. comparten en la «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», firmada el 29 de julio de 2008. Conforme a esta Declaración, «La principal preocupación y prioridad del Gobierno y de los interlocutores sociales es el empleo y la apuesta por un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad».
Para lograr este reto, el Gobierno y los agentes sociales han acordado implementar una política de empleo que facilite la mejora del acceso a la ocupación, así como de las competencias profesionales de todos los trabajadores, a través de unos servicios públicos de empleo modernos y coordinados, que ofrezcan una cartera de servicios a trabajadores y empresas, para que puedan construir itinerarios personalizados y lograr más y mejor intermediación
BOCG, SENADO, SERIE I 3 DE DICIEMBRE DE 2008 NÚM. 138
Cádiz
Repuesta:
En lo que se refiere a la empresa DELPHI, se señala la pronta respuesta del Gobierno a la crisis de dicha empresa, que dio lugar al cierre de sus instalaciones en Puerto Real en el verano de 2007, al presentar en el mes de octubre siguiente, a instancias de la Junta de Andalucía, una solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) con el objeto de que éste financie un amplio paquete de medidas dirigidas a la pronta reincorporación al mercado de trabajo de los más de mil quinientos trabajadores afectados por el cierre, no sólo pertenecientes a la plantilla de DELPHI, sino también empleados por las empresas subcontratistas.
Este Fondo, dotado con un presupuesto anual de 500 millones de euros, concede ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción laboral de los trabajadores en regiones, sectores, territorios o cuencas de empleo afectadas por perturbaciones económicas graves, cofinanciando hasta un 50% las medidas activas que se integren en un marco de servicios personalizados destinados a la reinserción laboral de los trabajadores que hayan perdido sus puestos de trabajo.
Realizado el pertinente análisis por los servicios de la Comisión Europea y efectuada la correspondiente propuesta de intervención del Fondo, la solicitud formulada por España continúa su trámite ante el Parlamento Europeo.
En el ámbito de la provincia de Cádiz, el Gobierno se ha mostrado especialmente sensible al proceso de reestructuración empresarial que se está produciendo en la Bahía de Cádiz, motivo por el que incorporó en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, la disposición adicional sexagésimo sexta, por la que:
«1. —Se autoriza al Gobierno a convenir con la Junta de Andalucía medidas que favorezcan el empleo de los trabajadores desempleados de la Bahía de Cádiz, en los ámbitos de la formación para el empleo, la recolocación, el fomento del empleo, el autoempleo y la protección por desempleo, así como aquellas medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.
2. —Estas medidas podrán contar con una financiación de hasta un 50 por 100 de su importe por parte de la Administración General del Estado, conforme al Convenio que se suscriba con la Junta de Andalucía. A estos efectos, se habilitarán créditos hasta un máximo de 47,5 millones de euros a distribuir entre los ejercicios presupuestarios 2008y 2009.»
Una autorización similar se recoge en la disposición adicional sexta de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sobre esta base normativa, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de Andalucía se encuentran actualmente ultimando el convenio de colaboración que comprende una amplia batería de medidas de políticas activas de empleo, que tienen por objeto lograr una pronta recolocación de los trabajadores objeto del Plan y, por otra parte, prestar una especial atención a quienes, debido a su edad, puedan ver reducidas sus posibilidades de mantenerse en el mercado de trabajo.
A nivel general, es preciso señalar que el incremento de los niveles de desempleo es una preocupación que el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO. comparten en la «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», firmada el 29 de julio de 2008. Conforme a esta Declaración, «La principal preocupación y prioridad del Gobierno y de los interlocutores sociales es el empleo y la apuesta por un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad».
Para lograr este reto, el Gobierno y los agentes sociales han acordado implementar una política de empleo que facilite la mejora del acceso a la ocupación, así como de las competencias profesionales de todos los trabajadores, a través de unos servicios públicos de empleo modernos y coordinados, que ofrezcan una cartera de servicios a trabajadores y empresas, para que puedan construir itinerarios personalizados y lograr más y mejor intermediación
BOCG, SENADO, SERIE I 3 DE DICIEMBRE DE 2008 NÚM. 138
.JPG)
No hay comentarios:
Publicar un comentario