El Senador Socialista García Garrido pedirá el apoyo del Gobierno para la actividad salinera

LOS SOCIALISTAS TRABAJAN POR LA POTENCIACION DE LOS PRODUCTOS DE

LAS SALINAS

La recuperación de las salinas supone una apuesta por los valores medioambientales, culturales y económicos.

La sociedad actual demanda productos de alta calidad vinculados a los territorios en los que se producen y a los sistemas de producción autóctonos, que tengan, por tanto, un valor añadido; esta demanda ha provocado que exista en los mercados, nacionales e internacionales una importante oferta de productos naturales de gran calidad y buen posicionamiento comercial.

Entre estos productos tradicionales de alto nivel competitivo se encuentra la sal marina artesanal, que en España ha sido secularmente producida de forma tradicional y que en algunos países europeos se presenta en diferentes tipos, como la Flor de Sal o Espuma de Sal que, bajo una cuidada producción, envasado y comercialización, han consolidado un mercado de productos gourmet utilizados en la alta cocina de los mejores foros y circuitos gastronómicos del contexto internacional.

La producción de la sal marina artesanal se realiza en zonas húmedas litorales de gran riqueza medioambiental, en las que el ser humano convive con la naturaleza de forma absolutamente sostenible para cultivar este emblemático producto cristalino. El manejo del agua, de los calentadores y la propia extracción de la sal y en concreto de los productos antes mencionados (Flor y Espuma) se realizan de forma manual, que permite que el contenido de cloruro sódico no sea del 100% y que, de esta forma, aparezcan asociados oligoelementos naturales que representan una parte muy importante de una dieta saludable y equilibrada.

No obstante, el número de explotaciones tradicionales en el ámbito de la Unión Europea ha sufrido una drástica reducción tras la crisis salinera que se produjo en los años setenta del pasado siglo, que trajo como consecuencia la práctica desaparición de la salicultura tradicional, con la consiguiente pérdida de competitividad en los mercados nacionales e internacionales de productos artesanales y un menor territorio gestionado de forma sostenible.

Para hacer frente a esta situación y atendiendo a las demanda del colectivo de salicultores a través de la Federación Internacional que los aglutina, la legislación europea ha dado un gran paso al permitir que la producción de sal pueda beneficiarse de la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, de la que se encontraba excluida.

Asimismo, algunos estados miembros de la Unión Europea, como Francia o Portugal, han regulado específicamente las condiciones de extracción y de calidad de productos de salinas, distinguiendo entre los producidos por sistemas tradicionales, del resto. Este hecho diferencial ha otorgado a nuestros países vecinos una gran ventaja competitiva y un posicionamiento en el mercado internacional de productos gourmet, posición en la que no se encuentra España a la hora de gestionar, producir y comercializar los productos de la sal.

La situación actual de la salicultura en el ámbito europeo ha sido estudiada a fondo por la Universidad de Cádiz, que ha liderado un proyecto INTERREG sobre la sal marina en el marco Atlántico.

Tras realizar un exhaustivo análisis de esta situación, se considera necesario instar al Gobierno de España a que el ordenamiento jurídico estatal recoja las singularidades de los diferentes productos que el cultivo de la sal genera, equiparando la situación de España con lo establecido en los sistemas jurídicos de otros países como los ya mencionados, dando respuesta a las demandas de los productores y consumidores que, en el contexto internacional, cada vez valoran de forma más positiva los productos autóctonos respetuosos con el medio ambiente.

Al igual que existe una importante industria salinera tanto en España como en el resto del mundo, que ha sofisticado su tecnología para atender a la creciente demanda de sal para sus múltiples usos actuales, e interviene en la realización de múltiples procesos productivos fundamentales para nuestras vidas, la adaptación del ordenamiento jurídico respecto de los productos de la sal artesanal, permitirá sofisticar la producción, envasado y comercialización de un producto que genera beneficios asociados en el territorio: medio ambiente, salud, economía sostenible, biodiversidad, uso público, cultura y patrimonio.

En efecto, las bondades medioambientales del sistema productivo de las salinas generan un valor añadido y múltiples beneficios asociados en la conservación de la naturaleza y la potenciación de la biodiversidad, en el mantenimiento de la cultura, los valores etnológicos y el know how vinculado a esta actividad (numerosas construcciones salineras como casas o molinos de marea se encuentran catalogados como Bienes de Interés Cultural), y por las diferentes propiedades físico - químicas y organolépticas que poseen los productos de la sal marina artesanal, que la han hecho acreedora de ser considerada como producto gourmet utilizado en la alta cocina de los mejores foros y circuitos gastronómicos del contexto internacional.

La configuración territorial del litoral atlántico andaluz -y en especial de la Bahía de Cádiz- hace que el cumplimiento de los objetivos propuestos potencie múltiples beneficios como la recuperación de las salinas, el aumento de la biodiversidad asociada, la puesta en marcha de actividades medioambientales vinculadas a las mismas y la generación de renta y empleo en base a los recursos endógenos.

Por todo ello, el senador Luis García Garrido y el secretario de Medio Ambiente de la Ejecutiva Provincial, Joaquín Macías, han anunciado hoy en rueda de prensa que desde el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con su apuesta por facilitar actuaciones de economía sostenible, en este caso vinculada al patrimonio natural, se instará al Gobierno a modificar el ordenamiento jurídico para reconocer y regular los productos de sal extraída mediante criterios artesanales, con objeto de promover las condiciones para mejorar la competitividad, potenciando el tejido socioeconómico ligado a las explotaciones salineras.

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Cádiz, 16 de febrero de 2010