La iniciativa legislativa en manos de los ciudadanos está cada vez más cerca de ser una realidad en la Unión Europea, tras la introducción de la iniciativa ciudadana por el Tratado de Lisboa. El primer instrumento de democracia participativa de la Unión Europea permitirá que los ciudadanos reclamen a la Comisión legislación sobre una materia concreta, siempre y cuando la iniciativa cuente con el apoyo de al menos un millón de firmas procedentes de varios Estados miembros.
"La iniciativa ciudadana tiene un elevado valor simbólico; demuestra la existencia de un pueblo europeo que va más allá de la mera suma de ciudadanos de distintas nacionalidades", asegura el eurodiputado popular italiano Carlo Cassini, presidente de la comisión de Asuntos constitucionales del Parlamento Europeo.
Sin embargo, explica que para que esta herramienta sea operativa aún es necesario definir algunos detalles no mencionados por el Tratado de Lisboa. Por ejemplo, "el nuevo instrumento tiene que garantizar la seriedad de las firmas, a la par que la facilidad de acceso" al documento, en palabras de Cassini.Además, Lisboa prevé que los firmantes de una iniciativa ciudadana deben proceder de "un número significativo de Estados miembros", pero no fija cuántos países deben estar representados por los firmantes.
¿Cuántos países?En una resolución aprobada en mayo de 2009, el Parlamento Europeo sugirió que las firmas incluyan al menos a la cuarta parte de los Estados miembros (actualmente serían siete países). Sin embargo, en el Libro Verde con el que la Comisión abrió una consulta sobre la iniciativa ciudadana, esta institución se muestra partidaria de que al menos la tercera parte de los países estén incluidos en la iniciativa, lo que supondría en la práctica que debería haber firmantes de al menos nueve países.
Para el comisario de Relaciones Interinstitucionales, Maroš Šefčovič, es necesario que la Unión Europea disponga de "una serie de requisitos comunes de procedimiento para la recogida, verificación y autenticación de las firmas", de modo que los impulsores de una iniciativa puedan guiarse por unas directrices claras a la hora de recabar apoyos. En cuanto a la verificación de las firmas, dependería de las autoridades nacionales.Varias ONGs y organizaciones ciudadanas han pedido a la Comisión que se permitan las formas electrónicas. Šefčovič no oculta sus reservas al respecto, y advierte, que para ello "habría que garantizar una seguridad adecuada".
AdmisibilidadOtros debates abiertos se refieren a aspectos como la admisibilidad de las iniciativas, o la forma en la que se debe abrir una de ellas. ¿Debe la Unión Europea dar luz verde a su apertura para evitar esfuerzos "inútiles" de recogida de firmas? ¿O sería antidemocrático?
En su resolución sobre la materia, el Parlamento Europeo se inclinaba por que la Comisión verifique la admisibilidad legal de la iniciativa antes de que comience la recogida de firmas, pero matizaba que cualquier tipo de consideración política debería realizarse a posteriori.Se prevé que las iniciativas ciudadanas sean operativas a principios de 2011, después de que el Parlamento analice este 24 de marzo con el Consejo y la Comisión en qué punto se encuentra el proceso. Se espera que el 31 de marzo la Comisión lance una propuesta de regulación, sobre la que deberían pronunciarse la Eurocámara y el Consejo antes de que termine el año.
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