jueves, 18 de marzo de 2010

No a "sanciones desproporcionadas" para proteger la propiedad intelectual

¿Podrán las autoridades registrar y confiscar un ordenador, móvil o reproductor mp3, o pedir a los proveedores de internet que filtren nuestra navegación y nos desconecten si descargamos contenido ilegal? El PE considera que el acuerdo comercial de lucha contra la falsificación podría abrir la vía a estas medidas, y no descarta acudir a la justicia si no se corrigen las fisuras en cuanto a protección de datos. Además, pide que se garantice acceso público al texto que se está negociando.

En una resolución sobre el estado de las negociaciones del el acuerdo comercial de lucha contra la falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que fue aprobada el 10 de marzo, los eurodiputados apoyaron medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, pero recordaron la importancia de que se respeten derechos fundamentales como el de libertad de expresión y la privacidad.

En cuanto al posible corte de la conexión a internet por parte de las autoridades, el Parlamento Europeo advierte que "el acuerdo propuesto no debe permitir la imposición de los llamados procedimientos de tres avisos", y remarca que "tiene que estipularse que la exclusión de alguien del acceso a internet estará supeditada a un examen judicial previo".

Falta de transparencia

En el texto, la Eurocámara "expresa su preocupación por la falta de un proceso transparente en la celebración de las negociaciones del ACTA", ya que éstas se llevan a cabo de forma confidencial, y sin informar ni al Parlamento Europeo ni a otras partes interesadas. Los eurodiputados recuerdan que a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento tendrá que dar su aprobación al texto del Tratado ACTA antes de que pueda entrar en vigor en la Unión Europea.

Para el eurodiputado socialista griego y vicepresidente de la Eurocámara Stavros Lambrinidis, "legislar por debajo de la mesa y con secretismo un acuerdo internacional no es la forma de desarrollar una legislación comunitaria". Se da la circunstancia de que Lambrinidis fue ponente el año pasado de un informe sobre seguridad y libertades fundamentales en la red.

Internet

Internet es en sí mismo un derecho fundamental, y de su preservación depende una serie adicional de derechos básicos"
Stavros Lambrinidis, ponente de un informe sobre seguridad y libertades fundamentales en la red

Precisamente, los eurodiputados apuntan a internet como un entorno en el que las disposiciones del nuevo acuerdo podrían resultar especialmente perjudiciales para las libertades fundamentales y la protección de datos. Por ello instan a la Comisión a que garantice que las disposiciones del ACTA, "especialmente las relativas a los procedimientos de observancia de los derechos de autor en el entorno digital", sean conformes a los principios rectores de la Unión Europea.

Además, se exige "que no se efectúen registros personales en las fronteras de la Unión", y que se aclaren cualquier disposición que pudiera permitir "que las autoridades de fronteras y aduanas procedan sin orden judicial a registros y a la incautación de dispositivos de almacenamiento de información, como ordenadores portátiles, teléfonos celulares y lectores MP3".

Lambrinidis asegura que la Eurocámara teme "que las negociaciones se estén dirigiendo a la introducción de medidas en línea con la ley francesa de los tres avisos", a pesar de que "la Eurocámara ya se ha pronunciado en tres ocasiones en contra de sanciones desproporcionadas como esta". El eurodiputado subraya que "internet es en sí mismo un derecho fundamental, y de su preservación depende una serie adicional de derechos básicos".


Debate


Durante el debate previo a la votación de la resolución por el pleno del Parlamento Europeo, el comisario en Comercio, Karel De Gucht, garantizó que "la Unión Europea no aceptará que ACTA introduzca la obligación de desconectar a la gente de internet" si se realizan descargas ilegales. Afirmó que el objetivo del acuerdo "es hacer frente a violaciones a gran escala, con impacto comercial, del derecho de propiedad intelectual".

Para De Gucht, no es raro que las negociaciones se lleven a cabo de forma confidencial, pero se mostró de acuerdo con que "el Parlamento Europeo debe ser informado puntualmente de la evolución de las conversaciones".

Ref.
: 20100312STO70504

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