El Tratado de Lisboa, eje de la presidencia española

La recuperación económica, el papel mundial de la UE y los derechos de los ciudadanos también destacan en el programa de la presidencia.
España asumió el 1 de enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea con la intención de hacer del Tratado de Lisboa su máxima prioridad.
El Tratado, que entró en vigor en diciembre, introduce una serie de cambios para mejorar la eficacia de la UE y permitirle desempeñar un papel destacado en la escena internacional. Además, redefine las funciones de la presidencia rotatoria semestral para garantizar una estrecha colaboración con el Presidente del Consejo Europeo y la Alta Representante para la Política Exterior (dos nuevos cargos creados por el Tratado). Como primer país que desempeña la presidencia bajo el nuevo Tratado, España tiene la oportunidad de marcar el rumbo a seguir.
Durante el próximo semestre España tratará de reforzar el papel internacional de la UE y colaborará estrechamente con su nuevo Presidente, Herman Van Rompuy, para proyectar hacia el exterior la imagen de una Europa unida que se expresa con una sola voz.
España también impulsará la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, auténtico "ministerio de asuntos exteriores" de la UE que tendrá su propio cuerpo diplomático y estará dirigido por la Alta Representante Catherine Ashton.
Según el tratado, cada país que ocupe la presidencia debe colaborar estrechamente con los dos siguientes (Bélgica y Hungría en el caso de España). Este "trío de presidencias" permite establecer un programa de trabajo conjunto de 18 meses.
La UE alcanzó en 2009 una tasa de paro del 9,3% (19,3% en España). Por ello, la presidencia concentrará sus esfuerzos en la recuperación económica, siendo prioritarias la adopción de una nueva estrategia europea de crecimiento y empleo y la mejora del control del sistema financiero internacional. España dedicará especial atención a la igualdad de género.
El fomento de una Europa más cercana completará el programa de trabajo de la presidencia española, haciendo realidad el derecho de iniciativa de los ciudadanos establecido en el Tratado de Lisboa.
España también espera realizar progresos en otros campos como la seguridad energética, el cambio climático y la inmigración.