La Presidenta del Parlamento de Andaluciía, Fuensanta Coves, propone congelar el sueldo a los diputados en un plan de austeridad.
La presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, propondrá a la Mesa de la Cámara congelar el sueldo de los 109 diputados y de los altos cargos de la institución durante 2009, un ejercicio en el que la Cámara autonómica tendrá un presupuesto "austero y de contención" del gasto público. Fuensanta Coves precisó que actualmente se está elaborando una propuesta de contención del gasto público que será presentada a la Mesa de la Cámara para su aceptación. "Lo menos que tenemos que hacer es ser solidarios con los ciudadanos y con la crisis que están sufriendo muchos de ellos", expuso la presidenta, quien no ha dudado en advertir de que, vista la situación económica, el Parlamento deberá "manejarse" en 2009 con el presupuesto "indispensable".
El Parlamento andaluz aprobó para 2008 un presupuesto que asciende a 53,15 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,47% respecto al 2007, e incluía 1,5 millones para las cesantías de los diputados, una partida que no estará contemplada en el de 2009.
La partida específica para la Cámara autonómica, sin contar con el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Asesor de la RTVE-A, en el presupuesto actual asciende a 47,44 millones, de los que el mayor volumen lo acapara el capítulo de gastos de personal -18,52 millones (un 11,8% más que el año anterior)- y que incluye un incremento del 2% en las retribuciones de los diputados y del personal funcionario y laboral.
La propuesta que presentará Fuensanta Coves a la Mesa no está del todo perfilada, pero la presidenta tiene muy claro que incluirá la "congelación" salarial de los 109 diputados, así como de los altos cargos de la institución. No obstante, Coves ha expresado su intención de no tocar la partida destinada a la cooperación internacional, a la que la Cámara dedica anualmente el 0,7 por ciento de su presupuesto.
"Si baja el presupuesto en su totalidad es evidente que bajará la cantidad que se destina a cooperación, pero no se reducirá porcentaje. Siempre hay otros capítulos de los que se puede ahorrar y partidas que se pueden acomodar a unas cuentas que serán austeras, acordes a la situación que vivimos y sin ninguna alegría", aseveró Coves.
La política de congelar los sueldos de los altos cargos ante la mala situación económica ya la anunció el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado junio, una medida a la que se sumó poco después el Gobierno autonómico.
El Parlamento andaluz aprobó para 2008 un presupuesto que asciende a 53,15 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,47% respecto al 2007, e incluía 1,5 millones para las cesantías de los diputados, una partida que no estará contemplada en el de 2009.
La partida específica para la Cámara autonómica, sin contar con el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Asesor de la RTVE-A, en el presupuesto actual asciende a 47,44 millones, de los que el mayor volumen lo acapara el capítulo de gastos de personal -18,52 millones (un 11,8% más que el año anterior)- y que incluye un incremento del 2% en las retribuciones de los diputados y del personal funcionario y laboral.
La propuesta que presentará Fuensanta Coves a la Mesa no está del todo perfilada, pero la presidenta tiene muy claro que incluirá la "congelación" salarial de los 109 diputados, así como de los altos cargos de la institución. No obstante, Coves ha expresado su intención de no tocar la partida destinada a la cooperación internacional, a la que la Cámara dedica anualmente el 0,7 por ciento de su presupuesto.
"Si baja el presupuesto en su totalidad es evidente que bajará la cantidad que se destina a cooperación, pero no se reducirá porcentaje. Siempre hay otros capítulos de los que se puede ahorrar y partidas que se pueden acomodar a unas cuentas que serán austeras, acordes a la situación que vivimos y sin ninguna alegría", aseveró Coves.
La política de congelar los sueldos de los altos cargos ante la mala situación económica ya la anunció el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado junio, una medida a la que se sumó poco después el Gobierno autonómico.
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