El PP contra los INTERNAUTAS

Ramón Jáuregui: "Mientras el PP dice defeder a los internautas, en Bruselas vota contra sus derechos"

En relación a las declaraciones del vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, González Pons, de recurrir la ley si el Gobierno mantiene los cortes administrativos en Internet, el secretario general de los socialistas españoles en la Eurocámara, Ramón JÁUREGUI recuerda que la mayoría de eurodiputados del PP votó en contra de la autorización judicial previa en la votación que tuvo lugar en el Parlamento Europeo.

"El PP vuelve a aplicar un doble rasero, en España defiende una idea y en Europa vota lo contrario, con la única intención de engañar a los ciudadanos españoles".

"La actitud del PP sólo se puede calificar de hipócrita", ha señalado JÁUREGUI, que ha explicado que el 5 de mayo, casi todos los eurodiputados del PP, incluidos Alejo Vidal Quadras, Pilar del Catillo, José Ignacio Salafranca, Carlos Iturgáiz, Carmen Fraga o Agustín Díaz de Mera se abstuvieron o votaron en contra de la enmienda 138 [1] , que exigía que sólo previa resolución judicial se pudiera imponer una restricción a Internet.
"Y lo volvieron a hacer durante la votación de la propuesta final, el pasado mes de noviembre, cuando rechazaron una enmienda, presentada por los socialistas europeos, que exigía la existencia de una orden judicial", ha explicado Ramón JÁUREGUI.
Por último, el eurodiputado socialista ha asegurado que tanto el PSOE como el gobierno de Rodríguez Zapatero siempre defenderán los principios fundamentales del derecho comunitario, apostando por un espacio jurídico más seguro y más garantista para las y los internautas. Por ello, ha animado a los populares a acabar de una vez con la farsa que han creado y a "arrimar el hombro" para hacer un sistema legal sobre Internet adaptado a los retos actuales.

[1] Enmienda 138. Principios rectores: "aplicando el principio de que no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad de expresión y de información, excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior"