El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos La creación y desarrollo del Fondo para la Acogida, la Integración y el Refuerzo del Sistema Educativo, ha supuesto una experiencia muy valiosa para abordar el reto de la integración en nuestro país. En un Estado descentralizado, donde las competencias en materia de integración recaen en las Comunidades Autónomas, a lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno de la Nación ha transferido 700 millones de euros a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos dedicadas a estas partidas. Además, a través del Fondo, se ha dado lugar y consolidado un marco de cooperación estable y efectivo entre las administraciones central, autonómica y municipal en torno a lo que representa un objetivo prioritario para todas, dada la celeridad del fenómeno migratorio y la importancia de articular políticas públicas que fomenten la integración social. Los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2005 han incrementado progresivamente los recursos del Fondo hasta alcanzar los 200 millones de euros que anualmente se transfieren a las Comunidades Autónomas. En el 2009, han incluido un partida que, con posterioridad, experimentaron un descenso de 59 millones de euros dado el esfuerzo de austeridad que el Gobierno ha considerado imprescindible en el actual contexto de crisis económica y en el capítulo que correspondía al Ministerio de Trabajo e Inmigración. No obstante, el Gobierno ya ha anunciado en sede parlamentaria su decisión de estudiar a la mayor brevedad alternativas destinadas a reponer la cuantía original del Fondo dada la importancia que otorga a la eficacia de sus recursos. Con esta decisión, se pone de manifiesto sin equívocos la voluntad política del Gobierno que es compartida por el conjunto de los Grupos Parlamentarios en torno a la importancia de mantener el esfuerzo presupuestario en un ámbito tan sensible como es la inmigración y en lo que se refiere a la cooperación del Ejecutivo con las Comunidades y Ayuntamientos. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a que, con la mayor brevedad, defina y desarrolle al cambio presupuestario necesario para reponer en su cantidad inicial los recursos destinados al Fondo para la Acogida, la Integración y el Refuerzo Educativo.» Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2009.—Ramón Jáuregui Atondo,
Obreros de la construcción, recolectores de fruta, personal de limpieza o empleados de hotel: son las ocupaciones más habituales de los trabajadores ilegales en la UE, entre 4,5 y 8 millones de empleos sin declarar. La Unión Europea quiere luchar contra el trabajo clandestino penalizando a quienes empleen a nacionales de terceros países que no posean del permiso correspondiente. ¡Siga el debate este martes en directo!
"Los empresarios europeos apoyan al objetivo de reducir la inmigración ilegal poniendo en el punto de mira el empleo de nacionales de terceros países que están de forma ilegal en la Unión Europea", asegura el asesor de Business Europe Marcus Schwenke. Agrega que "el trabajo negro supone una competencia deshonesta para los negocios honrados". Sin embargo, la secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos Catelene Passchier alerta de que tomar medidas contra los empresarios que den trabajo a ilegales "suena muy bien, pero la experiencia en estados Unidos ha demostrado que desemboca en mucho más empleo ilegal y sumergido". Por ello considera que "primero debemos desarrollar canales más adecuados para la inmigración legal". Subcontratas Passchier subraya la importancia de examinar asimismo las compañías más pequeñas que facilitan subcontratas, ya que a su juicio son las que emplean con más frecuencia trabajadores sin permiso. Un extremo que también indica Schwenke, quien agrega que las subcontratas "deben abordarse primero a escala nacional". "Para que la lucha contra el trabajo no declarado sea eficaz, lo primero que hay que hacer se deben dedicar a ella más recursos humanos y financieros", explica, agregando que la organización que representa alberga "dudas" respecto de la propuesta, que consideran "desproporcionada". "Impone una dura carga administrativa a las empresas, e incluye penalizaciones demasiado severas", asegura. Empleo ilegal y crisis económica Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2009 entre 18 y 30 millones de personas pasarán a engrosar las cifras globales del paro en relación a 2007. De continuar el deterioro de la situación, el número de personas que se inscribirán en las listas del paro este año en todo podría alcanzar los cincuenta millones. Una situación de paro generalizada que podría empujar a más trabajadores sin papeles a buscar una oportunidad en Europa.
Entre el 26 y 30 de enero, la Eurocámara acogerá en Bruselas reuniones tanto de las distintas comisiones parlamentarias como de los grupos políticos que forman parte del Parlamento Europeo, en las que se preparará la sesión plenaria que tendrá lugar la semana que viene en Estrasburgo (Francia). Cambio climático, sanciones por contratar trabajadores ilegales o el papel de la UE en Kosovo serán algunos de los temas debatidos.
Los asuntos destacados de las reuniones de las comisiones del Parlamento Europeo incluyen el debate y votación del informe final de la comisión parlamentaria temporal sobre Cambio Climático, las posibles sanciones a quienes empleen a inmigrantes ilegales, la estrategia energética, una resolución sobre el futuro papel de la Unión Europea en Kosovo o normas sobre el etiquetado de la comida destinada a animales. Además, el Presidente de la institución, Hans-Gert Pöttering, presidirá una reunión de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, en la que gran parte del debate se centrará en la situación en Gaza. Avanzada la semana, Pöttering se desplazará a Praga, donde el viernes se reunirá con los portavoces de los Parlamentos checo, francés, sueco y español.La lucha contra el terrorismo también centrará parte de los debates, ya que la subcomisión encargada de Seguridad y Defensa, y la comisión de Libertades Civiles, recibirán el jueves al coordinador antiterrorista europeo, Gilles de Kerchove, así como a representantes de la Interpol, que informarán a los eurodiputados de los últimos avances en materia de lucha contra el terrorismo.
"El texto que hemos votado hoy supone un gran avance en la lucha contra la inmigración ilegal ya que se emplaza a los Estados miembros a sancionar a los empleadores de ilegales, y a asegurar unas condiciones laborares dignas para los nacionales de terceros países. En la UE hay cerca de ocho millones de inmigrantes ilegales, y muchos empleadores sin escrúpulos se aprovechan de su situación para contratarlos con salarios más bajos y sin ningún tipo protección social", ha señalado el eurodiputado socialista miembro de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Javier MORENO.
"Los Veintisiete deben demostrar su compromiso y voluntad política para hacer de esta directiva un instrumento efectivo. Nuestra prioridad es proteger a los inmigrantes y sancionar a los explotadores", ha añadido el eurodiputado, quien ha insistido en que la nueva normativa constituye un punto de inflexión con el que se demostrará que la vía legal es la única opción para trabajar en Europa.
La propuesta señala que cada país deberá prever penas apropiadas, no sólo para las personas físicas sino también para las jurídicas, que pueden ir desde sanciones económicas -incluyendo la pérdida de subsidios o la imposibilidad de solicitar ayudas públicas- a penales. Estas últimas en casos de reincidencia, explotación o empleo de víctimas de tráfico humano y menores.
Por último, Javier MORENO ha reiterado el compromiso de los socialistas españoles para asegurar el crecimiento económico de Europa, favoreciendo los canales de inmigración legal y luchando, desde todas los frentes, contra la inmigración ilegal. En este sentido, el eurodiputado ha recordado que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido uno de los impulsores de esta directiva.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la siguiente proposición no de Ley sobre impulso continuo de desarrollo del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes, así como para el Refuerzo Educativo de los mismos, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
En la pasada legislatura el Gobierno de la Nación consolida las políticas públicas de integración, políticas que se configuran como uno de los pilares fundamentales de la política global de inmigración.
Este compromiso con la integración se ha plasmado en múltiples y diferentes intervenciones en la acción pública, en la convicción de que las actuaciones dirigidas a la integración de los inmigrantes son, ante todo, una inversión para la convivencia.
La inmigración es un fenómeno que se ha producido en nuestro país en muy poco tiempo y ha tenido un impacto indudable en el ámbito de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas. Por ello, era importante diseñar una política de estado de integración, equilibrada e integral, que busque la cohesión social y que coordine las actuaciones y experiencias realizadas por las distintas Administraciones públicas.
Conscientes, pues, de su relevancia, en la pasada legislatura se creó el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración, así como al Refuerzo Educativo que se configura como un instrumento de concertación territorial para reforzar la actuación y servicios relacionados con la inmigración y cuya dotación se transfiere a las Comunidades Autónomas.
Es importante recordar que el Fondo se creó en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2005 con 120 millones de euros, a los que continuaron 182,4 millones en 2006 y 200 millones en 2007 y 2008, dotaciones que, en consecuencia, han supuesto un incremento cuantitativo, si se compara con las dotaciones anteriores en la materia, y un impulso más que significativo en el desarrollo de esta política.
La importancia de este Fondo, que se transfiere a las CC.AA., radica no sólo en su dotación, sino también en el marco estable de cooperación territorial que ha supuesto y que ha permitido favorecer:
— Definir y aplicar un modelo de cooperación entre la Administración central, autonómica y local, que no tenía precedentes y que ha recibido el reconocimiento de las Instituciones de la Unión Europea.
— Establecer un marco programático de actuación que aporta visibilidad interterritorial e intersectorial a las políticas de integración.
— Contribuir a dinamizar recursos y a canalizar recursos económicos con un fin común, cual es la política de integración de los inmigrantes.
— Reconocer, por primera vez, la labor de los
Ayuntamientos en la acogida y la integración de los inmigrantes, comprometiendo a las Comunidades Autónomas a destinar un porcentaje importante (entre el 40% y 50% de la cantidad que reciben) a los Ayuntamientos con mayor presión migratoria.
La asignación de los recursos del Fondo entre las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla se realiza en base a principios de equidad y transparencia, y se basa en criterios objetivos —tales como, el empadronamiento, la afiliación a la Seguridad Social, la escolarización de extranjeros, así como el reconocimiento de la especial presión migratoria en determinadas zonas— aprobados por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Superior de Política de Inmigración, órgano en el que participa el conjunto de las Administraciones Publicas.
En este Acuerdo se establecen, asimismo, la cuantía destinada a la acogida e integración y la destinada al refuerzo educativo; y se indica el porcentaje del Fondo que las Comunidades Autónomas deben gestionar a través de Ayuntamientos.
Por su parte, el Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo recoge las líneas principales de actuación en materia de integración que el Fondo permite financiar, marco también consensuado con las Comunidades Autónomas dentro del Consejo Superior de Política de Inmigración.
El instrumento de gestión son los Convenios de Colaboración firmados en 2005 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cada una de las Comunidades Autónomas para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración y los protocolos de prórroga suscritos en los años sucesivos.
Asimismo, esta prevista una Comisión bilateral de seguimiento que analiza y evalúa el desarrollo de los programas y medidas desarrolladas en cada Comunidad
Autónoma, proponiendo los cambios que procedan para el ejercicio siguiente.
Con estas premisas, la dotación del Fondo se ha destinado a las siguientes actuaciones recogidas en el correspondiente Marco de cooperación para la gestión del Fondo:
— Año 2005: acogida, integración, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, igualdad de trato, mujer, participación y sensibilización.
— Año 2006: a los ámbitos citados se añade los de infancia y juventud y codesarrollo, así como el Programa de acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad desde Canarias, Ceuta y Melilla. Congreso
— Año 2007: se consolidan las líneas de intervención iniciadas y se incluye el Programa Especial de atención a menores extranjeros trasladados desde Canarias, con una dotación de 10 millones
— Año 2008: se mantienen las líneas del 2007. Este instrumento financiero ha demostrado suficientemente su validez para vertebrar la cooperación entre las distintas Administraciones públicas en el ámbito de la integración de los inmigrantes y ha conllevado un fuerte crecimiento de los recursos transferidos a las actuaciones de las Comunidades Autónomas en materia de integración
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente, Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando el desarrollo del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes, así como para el Refuerzo Educativo de los mismos, incluyendo medidas específicas para mujeres inmigrantes desde la perspectiva de género, tanto en prevención de la violencia como en sensibilización de la igualdad, como instrumento que ha consolidado la concertación territorial en programas de acogida e integración de inmigrantes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2008. —Concepción Gutiérrez del Castillo, Jesús Membrado Giner, Diputados. —Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Parlamento Europeo debate sanciones más estrictas para los empresarios que contraten inmigrantes ilegales
Inmigración - 04-11-2008 - 15:22
El reto: fomentarla inmigración legal
En la Unión Europea viven alrededor de ocho millones de inmigrantes ilegales, un caldo de cultivo ideal para la explotación laboral en trabajos poco cualificados y mal remunerados. Mientras, Europa envejece y necesita abrir nuevas vías para canalizar la inmigración legal y luchar contra la ilegal sancionando a quienes den trabajo a personas en situación irregular. La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo vota este martes por la tarde las sanciones propuestas.
La posibilidad de encontrar un trabajo que les permita mejorar su nivel de vida es una de las principales razones que lleva a muchos inmigrantes a venir a Europa, aunque para ello pongan su vida en peligro. Esta situación es aprovechada por algunos empresarios que la perciben como una oportunidad de pagar sueldos más bajos por el mismo trabajo, lo que a largo plazo distorsiona a la baja los salarios medios de los sectores que concentran un mayor número de empleados en situación irregular, fundamentalmente la construcción, el campo, la limpieza y la hostelería. Faltan trabajadores Además, los trabajadores irregulares no tienen derecho a seguridad social ni a prestaciones por desempleo o jubilación, y además corren el riesgo de ser expulsados a su país de origen en cualquier momento. A todo esto se una la paradoja que viven muchos Estados miembros de la Unión Europea, donde faltan trabajadores a la vez que la gestión de la inmigración ilegal se ha convertido en un problema de primer orden. En otros, la integración y adaptación de los inmigrantes legales también resulta problemática. Explotación El ponente del informe que será sometido a votación el martes 4 de noviembre en la comisión de Libertades de la Eurocámara, el socialista italiano Claudio Fava, alerta de que "una de las consecuencias sociales de este fenómeno es que estos inmigrantes están empleados en condiciones de explotación". Fava asegura que "los inmigrantes ilegales ayudan a satisfacer las necesidades de algunos empleadores sin escrúpulos" que contratan a "trabajadores dispuestos a aceptar empleos que, por lo general, están poco cualificados y mal pagados". Para poner freno a esta realidad, la Unión Europea propone, entre otras medidas, unificar las sanciones para quienes empleen mano de obra ilegal o que cada Estado miembros realice inspecciones en una de cada diez empresas. Además, la sanción recaería sobre el empresario, y no sobre el trabajador, por lo que se hace recaer sobre los primeros la responsabilidad de revisar los permisos de trabajo de los empleados que contraten. Sanciones penales y administrativas Las sanciones irían desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Para los casos más graves, como aquellos en los que no se respete la norma en repetidas ocasiones (tres infracciones en dos años) o en circunstancias de trabajo particularmente precarias, se aplicarían medidas de tipo criminal. Fava puntualiza que "no se pide que los empleadores tengan un conocimiento riguroso de los aspectos de los permisos de residencia u otras autorizaciones de estancia". El ponente afirma que "un empleador puede ser considerado responsable sólo si el documento es manifiestamente incorrecto o si sabe que se trata de una falsificación", y pide a los Estados miembros que establezcan "directrices claras y consejo continuo sobre la identificación de permisos de residencia y otras autorizaciones de estancia".
En la Unión Europea harán falta más de veinte millones de trabajadores cualificados en las dos próximas décadas, fundamentalmente en el área de la ingeniería y la informática. El permiso europeo de trabajo para inmigrantes cualificados responde a esta realidad; próximamente será sometido a una votación fundamental en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Hemos hablado con la eurodiputada responsable del tema en la Eurocámara, la popular alemana Ewa Klamt.
El sistema de tarjeta azul buscaría atraer a inmigrantes cualificados a la Unión Europea, fijando normas comunes para los procedimientos de admisión. Propuesta por la Comisión Europea, la tarjeta azul funcionaría como un permiso de residencia de dos años de duración, tras los cuales se podría renovar y se tendría libertad de circulación por todo el territorio comunitario. También garantiza el acceso a la seguridad social y la posibilidad de aplicar medidas de reunificación familiar. Cerrar la puerta a la inmigración ilegal La ponente del informe que será sometido a votación el lunes por la tarde en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo Ewa Klamt, cuenta que la mitad de los emigrantes cualificados de los países del Magreb se dirigen a Estados Unidos y Canadá, mientras que sólo el 5,5 por ciento vienen a Europa. "En Alemania hacen falta 95.000 ingenieros, y el mercado sólo dispone de 20.000 titulados", asegura. Por ello afirma que "siempre hemos dicho que necesitamos canalizar una inmigración legal" y añade que "sólo se puede cerrar la puerta a la inmigración ilegal si la abres a la legal". Explica que actualmente existen en la unión Europea "veintisiete formas distintas de gestionarlo". Reservas La iniciativa, sin embargo, ha sido acogida con ciertas reservas, ya que algunos estados miembros consideran que antes de dar un paso de estas características se debe completar la libertad de circulación en la propia Unión Europea de forma que ciudadanos europeos como búlgaros y rumanos accedan a plenamente ella antes de pensar en otorgársela a inmigrantes de terceros países. En cuanto a la definición del término "inmigrante cualificado", Klamt apunta dos posibilidades: la posesión de un título de educación superior que requiera un mínimo de tres años de estudios o al menos cinco años de experiencia profesional demostrable en un área profesional determinada. Además, Klamt se opone a la introducción de un límite de edad y aclara que en su informe "no aparece ninguna disposición de ese tipo". "Fuga de cerebros" Otra de las preocupaciones principales expresadas durante la tramitación del texto en la Eurocámara ha sido la posibilidad de que la iniciativa provoque una "fuga de cerebros" de países en desarrollo hacia Europa. Klamt recuerda el compromiso de la Unión Europea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y remarca que Europa "debe mantenerse firme en sus valores". Sin embargo, recuerda que el mercado laboral es global y puntualiza que la Unión Europea no dejará de contratar a profesionales de alto nivel, aunque explica que los Estados miembros podrían rechazar una solicitud para una tarjeta azul si en el país de origen existe carencia de personal cualificado en ese área profesional. La ponente también matiza que se fijará un salario mínimo para este tipo de contratos, en función del salario medio bruto del Estado miembro en el que se contrate al titular el permiso. El permiso europeo de trabajo para inmigrantes cualificados será sometido a votación por la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo a principios del mes de noviembre. Después, el pleno de la Eurocámara tendrá que pronunciarse asimismo al respecto.
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