martes, 23 de diciembre de 2008

Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía

El Pleno convalida el Decreto Ley por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía

Fecha de la noticia: 22/12/2008
El Pleno del Parlamento ha aceptado en su sesión de hoy la convalidación del Decreto Ley por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA-, con los votos favorables de los Grupos parlamentarios Socialista e IU LV-CA y la abstención del Grupo parlamentario Popular. Este Decreto será tramitado como un proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, según ha aprobado por unanimidad el Pleno, como ya ocurriera con el Decreto Ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, que tras ser convalidado por el Pleno del Parlamento fue tramitado y aprobado como Ley en el Pleno del pasado 12 de noviembre.
La regulación de la convalidación de los Decretos Leyes y su posterior tramitación como proyecto de Ley, contemplada en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se encuentra regulada por la Resolución de la Presidencia del Parlamento de 6 de junio de 2008.

Imagen positiva del Campo de Gibraltar

El Grupo Socialista apuesta por fomentar los valores positivos logrados en el desarrollo del Campo de Gibraltar

En la comisión de Presidencia ha tenido lugar una comparecencia del vicepresidente primero, Gaspar Zarrias, sobre la imagen positiva del Campo de Gibraltar. Esta iniciativa, solicitada por todos los grupos de la Cámara Andaluza, ha suscitado un importante debate, donde la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Regina Cuenca, ha mostrado su total apoyo al Gobierno andaluz, que pretende colaborar con esta iniciativa puesta en marcha por parte de los agentes económicos y sociales de la Comarca del Campo de Gibraltar.
Cuenca, ha mostrado su decepción por las intervenciones realizadas por los portavoces de la oposición, los cuales, han mostrado una “visión catastrofista” de la realidad de la comarca, les ha recriminado que, de las más de 120 iniciativas que presentaron los grupos políticos entre la VII y VIII Legislatura, casi todas eran relativas a la contaminación del Campo de Gibraltar, los estudios epidemiológicos y los vertidos en la Bahía de Algeciras. Pese a ser temas que preocupan a la ciudadanía, Cuenca, recriminó el que no dedicaran ni un minuto de sus intervenciones a poner en valor todo lo positivo del Campo de Gibraltar.
La parlamentaria ha estado en desacuerdo con las afirmaciones que se realizaron en la Comisión de Presidencia por parte de la oposición, donde se indicaba que la percepción que se tenía dentro y fuera de la Comarca campogibraltareña era una imagen real.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha destacado la apuesta decidida que está realizando la Consejería de Salud, en la Plan de Modernización Específico con una inversión de 22Ž8 millones de euros, a lo que hay que sumarle la Construcción del Hospital de la Línea con 48Ž6 millones de euros.
La diputada del Campo de Gibraltar ha animado al Consejero de Presidencia a colaborar con la iniciativa, argumentando que era una tarea fácil, ya que sólo es necesario destacar la fortaleza de la zona, sin olvidar las necesidades y trabajando por mejorar lo necesario.
Entre los proyectos más importantes para la Comarca, Cuenca destacó, la Zona de Actividades Logísticas, el Encauzamiento del Rio Guadarranque, con 10 millones de euros en los presupuestos, el Campus tecnológico de Algeciras, etc…
Asimismo, ha resaltado el tratamiento especial que ha tenido la comarca con la implantación de la Delegación del Gobierno, que pretende acercar la administración a los ciudadanos, y ha solicitado a los grupos políticos que hagan caso a una recomendación del estudio realizado por los promotores de la iniciativa, que no es más que “solicitar a los representantes políticos e institucionales del ámbito regional que en sus intervenciones públicas se hagan eco también de los valores positivos del Campo de Gibraltar”.


Dragado de el puerto de La Atunara. La Línea de la Concepción

El Grupo Parlamentario Socialista celebra el dragado del puerto de La Atunara porque permitirá regenerar varias playas de La Línea

La diputada Regina Cuenca destaca la magnitud de la obra, que cuenta con un presupuesto que supera los 790.000 euros

El Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado acerca de las características que identifican las obras de dragados del Puerto de La Atunara en La Línea de la Concepción (Cádiz) que recientemente ha sacado a licitación la Junta de Andalucía y que servirán para compensar la pérdida de calados en la bocana de este puerto como consecuencia de la intrusión de arenas de las playas cercanas -debido fundamentalmente a los temporales acaecidos durante este año. Los socialistas apoyan esta medida, un dragado de conservación cuyo objetivo es restituir los calados de la bocana para que las embarcaciones puedan navegar en condiciones de seguridad al entrar y salir del puerto. “La arena que se extraiga es fundamental para regenerar las playas de Levante y Poniente en el municipio linense”, ha explicado la diputada Regina Cuenca. En concreto, Cuenca ha valorado muy positivamente la magnitud de las obras, que se concentrarán en, por una parte, la bocana y el entorno del dique de abrigo para lo cual se prevé la extracción de 52.293 metros cúbicos de arena del fondo marino. Mientras, por otro, se dragará el entorno del contradique y del dique semisumergido, sacando 7.923 metros cúbicos de material.

La parlamentaria andaluza ha constatado, a través de los datos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que las fuentes de contaminación en la zona de actuación son inexistentes y que los técnicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía han puesto de manifiesto la compatibilidad del material que se va a extraer con el árido de las playas del entorno. La inversión prevista para las obras es acorde a su dimensión, por lo que el presupuesto de licitación asciende a más de 790.000 euros. Y, ya que el pasado lunes terminó el proceso de apertura de las ofertas presentadas por las empresas, se está a la espera de su adjudicación, lo cual sucederá a mitad de este mes. Asimismo, la Administración andaluza ha informado ante la pregunta de Regina Cuenca que, una vez contratada la obra con la empresa adjudicataria, se dispondrá de un plazo de tres meses para materializar las actuaciones de dragado, en las que se prevé, como mínimo, el empleo de una embarcación de draga y seis trabajadores. Según ha relatado Cuenca, este puerto desde su origen, en el año 1994, y dada la fuerte dinámica litoral en esa zona, ha padecido procesos de aterramientos que han necesitado la ejecución de campañas de dragados periódicas en su bocana y canal de acceso.

El Puerto de La Atunara, gestionado directamente por la Junta, se dedica exclusivamente a la actividad pesquera. Dispone de un muelle de más de 400 metros, lonja, fábrica de hielo, cuarto de armadores, estación de suministro de combustible y varadero. En la actualidad, el puerto lo utilizan alrededor de 80 embarcaciones que practican la pesca artesanal en las aguas cercanas.

lunes, 22 de diciembre de 2008

Calidad diferenciada del vacuno de Cádiz


El Grupo Parlamentario Socialista considera que la marca de garantía de vacuno extensivo de Cádiz ofrece un producto de calidad diferenciada

El diputado Samuel Rodríguez se ha felicitado porque el proyecto aspire a lograr la Indicación Geográfica Protegida

El Grupo Parlamentario Socialista considera que la nueva marca de garantía Carne de Vacuno Extensivo de Cádiz, presentada recientemente por la Consejería de Agricultura y Pesca, es todo un acierto para el impulso de la economía ya que se trata de una iniciativa que ofrece calidad diferenciada en su producción y, por sus características, está garantizada su permanencia en el mercado.
El valor de la producción ganadera extensiva de vacuno en la provincia, que asciende a 84 millones de euros, representa el 50% del valor total de la producción ganadera de Cádiz y actualmente se está trabajando para que la provincia logre configurar un sector cárnico industrial solvente en el que participen muy activamente los grupos de desarrollo rural.
Según el diputado Samuel Rodríguez, el Gobierno andaluz siempre ha animado a los agentes económicos del sector para que emprendiesen el camino de la comercialización a través de las figuras de calidad. “El apoyo de la Junta es total e incluye los desafíos –caso de lograr que el sacrificio de los animales se realice en esta región- que se plantean a un modelo armónico entre la economía y el medio ambiente”.
La mayor parte de las explotaciones cárnicas, 3.400 de unas 10.000, se concentran en tierras gaditanas con un modelo productivo caracterizado por su sostenibilidad, desde la óptica medioambiental, el bienestar animal y la obtención de producción de calidad. “Creemos necesario darle la importancia que merece a una actividad que repercute mucho en el desarrollo de Cádiz”.Además de continuar con el desarrollo de la marca de garantía, el diputado socialista se ha felicitado porque la Administración andaluza va a dar los pasos para conseguir la Indicación Geográfica Protegida, proceso ambicioso que requiere de reconocimiento autonómico, estatal y europeo. “La experiencia adquirida durante la gestión de la marca contribuirá a que el resultado en este capítulo sea lo más beneficioso posible”.
Rodríguez ha conocido que, entre las líneas de ayudas impulsadas está obtener productos agroalimentarios de calidad de origen animal. En ellas, se financian la asistencia técnica y la formación del personal así como la implantación de los programas y la certificación de los mismos. En concreto, la Junta ha materializado su apoyo al proyecto en diversas subvenciones –con un montante total cercano a los 58.000 euros- que han dado soporte financiero, técnico y logístico a la iniciativa.Así pues, Samuel Rodríguez ha calificado como “un hito importante” la creación del grupo de trabajo del campo del vacuno –integrado por los productores, las organizaciones profesionales, el resto de agentes del sector y la propia consejería- y su gestión para crear la mencionada marca de garantía.

viernes, 19 de diciembre de 2008

Actividades culturales en Cádiz


El parlamentario Samuel Rodríguez se interesa por varias iniciativas culturales desarrolladas en la capital gaditana.
A través de dos preguntas realizadas en la pasada comisión de cultura, Samuel Rodríguez ha querido profundizar sobre dos actividades que se desarrollan o se han llevado a cabo durante los últimos meses en Cádiz.
La primera de las preguntas hizo referencia al “Centro de arqueología subacuática” perteneciente al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el cual se creó en 1997 con el objeto de desarrollar una correcta gestión y tutela de los yacimientos que se localizan en aguas de Andalucía.
Así, Rodríguez Acuña se interesó por las actividades que se realizan en el centro, actividades encaminadas a la conservación, protección, investigación y difusión del patrimonio histórico.
Además, también se lleva a cabo un programa de visitas guiadas al centro con el propósito de difundir el patrimonio subacuático, así como las actividades de tutela que sobre él se realizan, fomentando entre los ciudadanos actitudes de participación en su defensa y disf
rute.
En otro orden de cosas, el diputado quiso conocer también el programa educativo que se ha desarrollado durante el pasado mes de noviembre en el Museo de Cádiz. Actividad didáctica que el museo ha desarrollado para las familias y escolares, bajo el lema “CSI Museo: Investigando en familia”.
La actividad fue especialmente concebida para niños de entre 10 y 12 años, que son los que cursan en tercer ciclo de Educación Primaria, incluyendo la participación de adultos y otros perfiles de edad en la versión familiar.
Rodríguez Acuña quiso agradecer también a la Consejera de Cultura la apuesta por la cultura que se lleva a cabo desde su departamento y especialmente la atención que presta a la capital gaditana.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Regular el voto por motivos de maternidad o enfermedad


Los grupos parlamentarios decidirán si se modifica el reglamento para regular el voto por motivos de maternidad o enfermedad
El primer periodo de sesiones de la VIII Legislatura se cierra con el debate de la Ley de Presupuesto
Fecha de la noticia: 17/12/2008

Los portavoces de los tres Grupos han mostrado hoy su disposición a regular la posibilidad de incluir en el Reglamento de la Cámara las situaciones de baja por maternidad o enfermedad, si bien por el momento no se ha alcanzado un acuerdo al respecto. La presidenta indicó a este respecto que su propuesta, que era de modificación puntual y unánime –por el procedimiento de lectura única- en exclusiva para regular el voto por motivos de paternidad, maternidad o enfermedad, queda fuera de las posibilidades de la Presidencia y pasa al ámbito de los grupos parlamentarios, que son lo que tienen ahora en su mano plantear las iniciativas reglamentarias que estimen oportunas en este asunto.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad el orden del día del Pleno de la próxima semana, que comenzará el lunes 22 a las 11:00 y que incluirá el debate final de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. El primer punto del orden del día, no obstante, será la convalidación o derogación del Decreto Ley por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA-. Tras la votación de este punto comenzará el debate final de la Ley de Presupuesto, que se desarrollará los días 22 y 23 y con el que se cierra el primer periodo de sesiones de la VIII Legislatura.

La Junta de Portavoces ha acordado la ordenación de dicho debate, se comenzará con la presentación del dictamen que hará el presidente de la Comisión de Economía y Hacienda por un tiempo máximo de quince minutos. A continuación intervendrán los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por un tiempo máximo de diez minutos y en orden de menor a mayor, para explicar su postura sobre los principios del texto recogido en el dictamen o las razones de haber mantenido votos particulares en cada una de las agrupaciones de artículos, secciones, organismos autónomos, sociedades mercantiles de participación mayoritaria y entidades de derecho público.

En el procedimiento de debate se han separado por bloques, de una parte, el texto articulado así como las secciones, agencias administrativas u organismos autónomos, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa , entidades de derecho público y otras entidades a los que se les formulan enmiendas, agrupándose, por otra, las secciones a las que no se les formulan enmiendas, y al final los preceptos que determinan el montante total de crédito autorizado en las distintas secciones y empresas –artículos 1 a 4- y la exposición de motivos.

En cada una de las agrupaciones acordadas los grupos de enmiendas de cada Grupo parlamentario y el texto del Proyecto de Ley dictaminado por la Comisión, con la incorporación de las enmiendas aceptadas, serán sometidas a votación separada, salvo que expresamente un Grupo requiera la votación individualizada de algún artículo o grupo de artículo. En caso de que en el curso del debate algún Grupo manifestara su deseo de votar en sentido diferente una enmienda o grupo de enmiendas de las integrantes en cada conjunto, la Presidencia podrá someterlas a votación de forma desagregada, si de la intervención de los distintos Portavoces dedujera la voluntad mayoritaria de la Cámara favorable a su aprobación.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha aceptado también por unanimidad la propuesta de programación de la actividad parlamentaria para el próximo periodo de sesiones.

El Parlamento Europeo rechaza excepciones al máximo de 48 horas de trabajo semanal


El Parlamento Europeo rechaza excepciones al máximo de 48 horas de trabajo semanal
Política de empleo - 17-12-2008 - 20:14


El PE se opuso a la propuesta del Consejo sobre la jornada laboral y respaldó con mayoría absoluta la línea del ponente, el español Alejandro Cercas (PSE). Las enmiendas del PE rechazan la posibilidad abierta por el Consejo de que la semana laboral alcance 65 horas, eliminan las excepciones al máximo anual de 48 horas semanales y prevén el fin del opt-out en 3 años. Las guardias deben considerarse tiempo de trabajo. Se abre ahora un proceso de conciliación con el Consejo para lograr un acuerdo.
Los eurodiputados han respaldado todas las enmiendas presentadas por el ponente en nombre de la comisión parlamentaria de Empleo. Las enmiendas necesitaban un mínimo de 393 votos para salir adelante. La enmienda de rechazo de las excepciones al máximo de 48 horas obtuvo 421 votos a favor, 273 en contra y 11 abstenciones, y contó con el apoyo de numerosos diputados del PPE-DE (entre ellos los españoles), el PSE, varios parlamentarios liberales, los Verdes y GUE.
El Consejo debe ahora decidir si acepta las enmiendas. En caso de que no las acepte, se inicia la conciliación, fase del procedimiento en la que negocian las dos instituciones para intentar un acuerdo en un plazo máximo de 24 semanas. Una vez logrado el acuerdo, el texto vuelve de nuevo al Parlamento para su adopción -o rechazo- por mayoría simple.
Tras la votación en el pleno, Cercas felicitó a "los dos millones de doctores, un millón de estudiantes de medicina y los sindicatos por todo su trabajo" y destacó que hoy "estamos ante un triunfo de la Eurocámara y de todos sus grupos". Además, pidió a la Comisión "que se quite la camiseta del Consejo y se ponga la camiseta de árbitro", ya que el voto de hoy "no es un contratiempo, sino una oportunidad para rectificar una decisión equivocada".
Puntos principales de las enmiendas adoptadas:
Sin excepciones al máximo de 48 horas - rechazo del "opt-out"
El pleno elimina la posibilidad del "opt-out" pasado un periodo transitorio de tres años (enmienda 16). Es decir, que todos los sectores deberán respetar el máximo de 48 horas semanales, que se calculará como una media anual. En la legislación vigente, la media se hace sobre cuatro meses.
El Parlamento Europeo también pide que se asegure la libre voluntad del trabajador prohibiendo que se suscriba esta cláusula al firmar el contrato de trabajo, durante el periodo de prueba o en las cuatro primeras semanas de relación laboral.
Actualmente, no existe un tope comunitario para los países o sectores que se acogen al "opt-out", salvo las 90 horas semanales de descanso. En el acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Empleo de la UE, se permitía el opt-out aunque con un máximo de 60 horas de trabajo semanales, calculadas como media sobre un periodo de 3 meses. El tope se elevaba a 65 horas semanales en ausencia de un convenio colectivo o cuando el periodo inactivo del tiempo de guardia se considera tiempo de trabajo
En la actualidad, el Reino Unido y otros países usan esta cláusula "opt-out" de forma general. Un total de 15 países la usan en algunos sectores, en general en trabajos con periodos de guardia, como el sector sanitario, los bomberos, etc.
En España, tras la decisión del Tribunal de Justicia que estipula que todo el tiempo de guardia se considera tiempo de trabajo, se recurrió al "opt-out" para el personal sanitario.
Tiempo de guardia
Según las enmiendas parlamentarias, todo el tiempo de guardia, incluido el inactivo, es tiempo de trabajo. Esta posición recibió el respaldo de 576 diputados, con 122 en contra y 13 abstenciones. La enmienda permite que los periodos inactivos se computen de manera específica, según acuerdo entre los interlocutores sociales (enmienda 9, artículo 1, punto 2). Es decir, que una hora de guardia inactiva pueda ser menos que una hora efectiva, pero en cualquier caso acumulable al total de las 48 horas.
El tiempo de guardia se define como el tiempo durante el cual el trabajador, a pesar de estar disponible para trabajar en su lugar de trabajo, no está ejerciendo sus tareas. El Tribunal de Justicia de la UE sentó el principio de que todo el periodo de guardia es tiempo de trabajo.
El Consejo considera que el periodo inactivo del tiempo de guardia no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario. Por "periodo inactivo" se entiende el tiempo que el trabajador está de guardia pero no está obligado a ejercer efectivamente sus funciones. El ponente argumentó que, de acuerdo con la posición del Consejo, los médicos podrían trabajar hasta 78 horas a la semana.
Descansos
La legislación europea existente no estipula topes estrictos por semanas, sólo medias. Pero si prevé un descanso semanal de 24 horas (no necesariamente el domingo) y los descansos diarios deben ser de 11 horas. De esta forma, el tiempo de trabajo máximo semanal podría ser de 78 horas en caso de "opt-out".
La directiva vigente y el Tribunal de Justicia de la UE concluyen que cuando los trabajadores no pueden disfrutar de periodos de descanso normales deben disponer inmediatamente después de periodos de descanso compensatorio. Según el Consejo, son los países los que tienen la potestad de determinar "la duración del plazo razonable" en el que se asigna un descanso compensatorio. Sin embargo, los diputados consideran que los periodos de descanso compensatorio deben concederse siempre después de los periodos de trabajo (enmiendas 13 y 14, artículo 1, puntos 3 y 4).
Periodo de referencia para los máximos
Las 48 horas que fija la directiva como tope son una media y no un máximo estrictamente semanal. En la actualidad, el periodo de referencia utilizado para calcular esa duración media máxima de trabajo semanal es de 4 meses (es decir, en esos 4 meses podrá haber semanas con más de 48 horas, siempre que se compensen con otras de menos), aunque puede extenderse a 6 ó 12 meses si hay un acuerdo colectivo; por ejemplo, para trabajos estacionales.
En mayo de 2005, el Parlamento Europeo propuso el fin del "opt-out", pero al mismo tiempo prolongar el periodo de referencia de 4 a 12 meses para garantizar cierta flexibilidad a los empresarios, aunque introdujo condiciones estrictas, como la consulta al trabajador o a su representante. El Consejo por su parte mantuvo el "opt-out", pero aceptó el cálculo anual (artículo 19 de la posición común).
Vida familiar y profesional
Los diputados también hacen hincapié en que la legislación debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.
El pleno del PE señala que, para conciliar mejor la vida familiar y laboral, los trabajadores deberían tener derecho a solicitar cambios de horario y de los modelos de trabajo y los empresarios tendrían que estar obligados a tomar en consideración estas peticiones (enmienda 11, artículo 1, punto 2).
Aplicación de la directiva
Para lograr un acuerdo con los ministros de los países de la UE se dispone de un máximo de 24 semanas (plazo que empieza a contar una vez el Consejo informe de que no puede aceptar las enmiendas). Una vez haya acuerdo y voto final, los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la directiva y poner fin al "opt-out".
Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías y militares también están excluidos. Los bomberos están incluidos, salvo los voluntarios.
Contexto y procedimiento
La directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias exenciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los directores generales) o sectores.
La directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.
La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la directiva en septiembre de 2004. La Eurocámara se pronunció en primera lectura en mayo de 2005. Después de tres años de bloqueo, el Consejo logró un acuerdo el pasado mes de junio, con los votos en contra de España y Grecia y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal.
El 5 de noviembre de 2008, la comisión de Empleo se pronunció, en segunda lectura, a favor del informe de Alejandro Cercas, con 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Con el voto de hoy, la Eurocámara ha reafirmado su posición en primera lectura y ha mostrado su desacuerdo con el Consejo en los dos puntos más polémicos de la revisión: el "opt-out" y los periodos de guardia.
El Parlamento Europeo y el Consejo tratarán ahora de alcanzar un acuerdo en conciliación. Ponente: Alejandro CERCAS.
Procedimiento de codecisión. Segunda lectura.
Votación: 17.12.2008.
Debate del lunes 15.12.2008
La directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias derogaciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los directores generales) o sectores.
La directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.
El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara, elaborado por Alejandro Cercas, exige eliminar la posibilidad del "opt-out" pasado un periodo transitorio de 3 años. Esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre un periodo de referencia de 3 meses. Además, los diputados instan a considerar como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los periodos inactivos, cuestión que en España afecta particularmente al personal sanitario.
El informe también hace hincapié en que la legislación debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.
Los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la directiva. Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías, los bomberos y los militares también están excluidos.
En segunda lectura cualquiera de las enmiendas a la posición común del Consejo requieren mayoría absoluta (393 votos). Si el pleno no aprueba ninguna enmienda, la posición común del Consejo se adoptará como tal.
Ponente
El eurodiputado Alejandro Cercas advirtió hoy de que la propuesta de revisión de esta normativa, que contempla una jornada laboral de 65 horas semanales, conlleva un retroceso a las normas de trabajo del siglo XIX y "arroja a los más débiles a condiciones inhumanas".
El eurodiputado socialista confió en que el rechazo del PE no sea visto como un "contratiempo", sino como una oportunidad "para conectar con la preocupaciones de los europeos".
A juicio de Cercas, rechazar esta directiva demostrará que el PE no está "sordo, ni mudo y que Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón". Al contrario, los europeos verán que la UE sabe anteponer los derechos "de la mayoría" a la codicia y el desvarío de unos pocos ideólogos de la extrema desregulación", declaró.
Para el ponente, no se puede "retroceder" en la aspiración que se consiguió en el siglo XX de "trabajar para vivir y no vivir para trabajar" y que, además, ha supuesto un círculo virtuoso de "mejoras de productividad acompañadas de más tiempo libre para los trabajadores".
La oposición al mantenimiento del "opt-out" está sustentada en el "buen sentido, común y jurídico", ya que este instrumento que hace renunciables los derechos fundamentales de los trabajadores y "equivale a vaciar de contenido a las instituciones del derecho del trabajo, convenios y normas internacionales".
De este modo, la propuesta de revisión es "aún peor que la vigente", ya que el "opt-out" no sería "una excepción singular y temporal" sino una regla general.
"La derogación personal de los derechos es una forma infalible para arrojar a las capas más frágiles de la clase obrera a la explotación más inhumana y permitir a los Estados que se sirvan del derecho social comunitario a beneficio de inventario. Supone abrir la vía al dumping social y a la desafección con una Europa que abre puertas a competir sin reglas comunes", explicó.
En lo referente al personal sanitario, Cercas consideró que dejar de reconocer las guardias al personal médico conllevaría "una agresión sin límite" y un "despropósito".
El eurodiputado aseguró que se ha intentado llegar a un acuerdo con el Consejo y presentar en el pleno una solución de compromiso, pero no ha sido posible dado que el Consejo "no ha querido negociar y pretende que siga adelante su posición sin alterar ni una coma".
Cercas confió en que el próximo miércoles una mayoría amplia del Parlamento saque de su error al Consejo, y entonces se pueda construir un compromiso "aceptable buscando términos flexiseguridad y reconciliación entre trabajo y vida familiar".
Este rechazo enviará un mensaje a toda Europa de que la Eurocámara "está viva y comprometida con que Europa se siga construyendo sin olvidar la dimensión social y los derechos", en esta ocasión, de los médicos y de todos los trabajadores, y sus familias, "amenazados con las jornadas de trabajo sin límite".
Grupos políticos
José Albino SILVA PENEDA (PPE-DE, Portugal) se mostró "de acuerdo con revisar la posición del Parlamento en primera lectura, pero sólo en el marco de un compromiso, lo que presupone un diálogo entre instituciones". Recordó que "pese al empeño de la Presidencia francesa, el Consejo no le confirió el mandato para negociar con el PE".
En cuanto al opt-out, Silva Peneda declaró que "no tiene nada que ver con la flexibilidad del mercado laboral", ya que la flexibilidad "se obtiene a través de la anualización del periodo de referencia". Añadió que "ahora lo fundamental es saber si queremos que los trabajadores europeos puedan trabajar ocho horas al día de lunes a sábado como media anual y si esto es coherente con nuestras afirmaciones sobre la conciliación de la vida personal y profesional".
Con respecto al tiempo de guardia, señaló que "se deben cumplir las decisiones del Tribunal de Justicia" y se mostró confiado en que "hallaremos una solución a este problema en conciliación". El socialista sueco Jan ANDERSSON (PSE) recalcó que "necesitamos una serie de normas relativas a la seguridad en el trabajo" y criticó al Consejo porque "propone que el tiempo de guardia no sea considerado de trabajo de manera permanente". En cuanto al "opt-out", se preguntó "qué oportunidad habrá de decir que no al empleador" e hizo hincapié en que los hombres podrán trabajar 65 horas, pero "las mujeres se quedarán en casa".
Finalmente, criticó al Consejo por "no querer aproximarse a la mesa de negociaciones".
La británica Elizabeth LYNNE (ALDE, Reino Unido) dijo ser consciente de que la posición común del Consejo "es fruto de muchos años de negociaciones" y reconoció estar a favor del "opt-out". "Si no hay "opt-out", estaremos promoviendo el trabajo no declarado". No obstante, "se necesitan normas más claras para que -esta cláusula- sea verdaderamente voluntaria", algo que, según Lynne, la posición común del Consejo ha logrado, ya que "los trabajadores podrán acudir a los tribunales si se abusa de dicha derogación". El "opt-out" es, en definitiva, "la resolución más clara".
En cuanto a los tiempos de guardia, dijo que "tienen que formar parte de la jornada laboral" y subrayó que en el informe de Alejandro Cercas "queda a merced de los convenios colectivos y las legislaciones nacionales". Concluyó que "si no llegamos a un acuerdo, el Consejo tiene que recapacitar sobre su postura" y "dar un trato específico para el personal médico".
Elisabeth SCHROEDTER (Verdes/ALE, Alemania): "La jornadas laborales excesivas causan enfermedad, menos concentración, más errores y peligros para la integridad física de uno mismo y los demás", indicó la eurodiputada, quien calificó la directiva como un queso suizo "lleno de orificios y agujeros".
Rechazó que la guardia del personal sanitario sea considerada parte de la jornada laboral, ya que su partido concede más importancia "a la persona" que al contrato laboral. "Los trabajadores no pueden decidir, sino no estarían manifestándose frente al Parlamento", advirtió.
Roberta ANGELILLI (UEN, Italia): "Todos somos muy conscientes de que el mundo del trabajo ha cambiado y seguirá cambiando, sobre todo por la crisis económica, sabemos que debemos ser más flexibles, pero no en detrimento de la seguridad y los derechos de los trabajadores", resaltó.
Para la eurodiputada revisar esta directiva "es sumamente necesario y útil", pero no en base a costes en términos de seguridad y vida laboral de los trabajadores.
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Grecia) se opuso "radicalmente" a la propuesta "que por desgracia apoya la Comisión", ya que "únicamente ayuda al lobby de la patronal" y demuestra que "el reloj de la historia esta retrocediendo 90 años".
El opt-out "va en contra de los trabajadores, ciudadanos y tribunales de justicia", y es contraria a la posición del Consejo Médico Europeo, además de conllevar una la "negación de la Europa social y de cualquier tipo de salvaguardia de los derechos de los trabajadores".
Para Derek Roland CLARK (IND/DEM, Reino Unido), instrumentos como el opt-out han hecho del Reino Unido uno de los países más desarrollados de la UE y lo ha convertido en el segundo que más aporta al presupuesto europeo, un dinero, al que "nadie hace ascos", a pesar de que muchos países defienden una cosa en las instituciones comunitarias "y otra en casa".
El eurodiputado rechazó la postura de Cercas de no prestar atención a las repercusiones económicas de rechazar esta propuesta, ya que esto conllevará una perdida de competitividad de la industria europea, de puestos de trabajo y de aportación económica a través de los impuestos. Irena BELOHORSKÁ (No Inscritos, Eslovaquia) hizo suyas las reivindicaciones de los sindicatos que temen que esta propuesta conceda a las patronales "demasiada cancha", y puntualizó, en lo relativo al personal sanitario, que cuando los trabajadores están de guardia "no pueden disponer de su tiempo", por lo que considerarlo jornada laboral sería "un abuso de su tiempo".
"Queremos utilizar la directiva para mejorar la situación de los trabajadores y su vida familiar, pero dudo que ellos hagan la misma lectura", aseveró.
Diputados españoles
Juan Andrés NARANJO (PPE-DE) se refirió al "opt-out" y dijo que esta cláusula "no supone una excepción, sino la derogación de uno de los elementos esenciales de esta directiva". Añadió que dicha derogación "no está justificada por la flexibilidad", pues "no se puede confundir un aumento de la duración de la jornada con la flexibilidad que necesitan empresas y trabajadores". La directiva aporta flexibilidad "de forma muy amplia para atender las especificidades de los trabajos estacionales, las puntas de producción y las exigencias de determinadas actividades". También se mostró confiado en que el día de la votación "puede ser un buen día para todos" y destacó que "es bueno reformar, pero hay que conservar aquello que refuerza Europa y que puede hacer que la Europa social salga del reto que tiene por delante fortalecida, avanzando de la mano en el progreso económico y en el progreso social, que por separado no pueden sobrevivir".
Consejo
La secretaria de Estado francesa encargada de Solidaridad, Valérie Letard, habló en nombre del Consejo de la UE y dejó claro que la posición común de los Estados miembros "da nuevas garantías a las derogaciones creadas en el 1993". "De hecho, el texto prevé un límite de 60/65 horas", defendió.
Propuso lograr un texto "que sea aceptable para todos evitando la conciliación" y recordó que, pese a las posturas divergentes del Parlamento y del Consejo, "la Eurocámara tiene que entender que para muchos países es urgente resolver el problema de los tiempos de guardia".
Comisión Europea
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimír SPIDLA, manifestó que entendía las preocupaciones que la directiva genera y dijo que hay que poner luz sobre el tema, sobre todo en lo que a tiempos de guardia se refiere: "Estoy convencido de que, a la hora de abordar esta directiva, los servicios públicos de toda Europa nos piden que la aclaremos políticamente. La Eurocámara debe aclarar si insiste en la posición que adoptó tras la primera lectura o si, en base a la posición común del Consejo, podría modificar su posición inicial", aseguró Spidla.
Según el comisario, a la Comisión se le pidió que mediara en este tema que divide al Consejo y al Parlamento y por eso, la Comisión "en 2005 modificó su propuesta y propuso la desaparición del "opt-out", basándose en la opinión del Parlamento en primera lectura. Pero debemos ser realistas", advirtió Spidla, "en 2003, esa excepción la utilizaban cuatro Estados miembros, hoy son 15 y hay otros Estados miembros que quieren contar con esa posibilidad en el futuro". Advirtió de que si el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo, la directiva va a seguir en vigor tal y como está en la versión actual. Por último, Spidla instó a la Eurocámara a tener en cuenta que "esta posición común llega tras cuatro años de negociaciones" y le pidió que muestre comprensión por cualquier Presidencia que intente alcanzar un acuerdo.

"ES UNA GRAN VICTORIA DEL PARLAMENTO Y DE LA EUROPA SOCIAL"


Alejandro Cercas: "Es una gran victoria del Parlamento y de la Europa social"
17/12/2008

La mayoría absoluta del Parlamento Europeo ha aprobado el Informe "Cercas" y ha rechazado que los Estados puedan romper el límite de las 48 horas de trabajo semanal. También ha descartado que el periodo de guardia médica se considere tiempo de trabajo y que los periodos de descansos se puedan acumular en vez de tomarlos justo después de las largas horas trabajadas.

La Eurocámara ha votado hoy a favor de todas las enmiendas de Alejandro CERCAS (22) al texto de la Directiva de Tiempo de Trabajo que pretendía imponer el Consejo de la UE, y con este voto fuerza una conciliación entre la Eurocámara y el Consejo.
El ponente del informe en el PE, el eurodiputado socialista Alejandro CERCAS, ha felicitado a los médicos, a los sindicalistas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se han movilizado, y a los eurodiputados que, con su voto, han evitado que salga adelante la propuesta del Consejo.
"Hoy hemos demostrado que esta Cámara está viva, que no estamos al servicio de los Gobiernos nacionales sino representados en nuestros electores -ha señalado el dirigente socialista-. Esta casa ha escuchado a los médicos, a los sindicalistas y a los trabajadores, cuya seguridad y salud en el ámbito laboral estaba en riesgo, y ha escuchado a tantas personas que aspiran a conciliar su vida profesional y laboral. El futuro social de Europa estaba en juego, y entre todos y todas hemos parado los pies al Consejo".
En cuanto al llamado "opt-out", o cláusula de renuncia a la jornada de 48 horas semanales para alargarla hasta 65, el dirigente socialista ha obtenido la mayoría necesaria para eliminarlo de la legislación: "Hemos logrado frenar las pretensiones más salvajes y deshumanizadas, porque nos jugamos los derechos sociales colectivos que tanto costó ganar a principios del siglo XX y que constituyen la base de nuestro derecho laboral".
El periodo de conciliación para que el Consejo y el Parlamento negocien un texto de consenso comenzará el próximo mes de enero y puede prolongarse ocho semanas. Si no se llega a un consenso la iniciativa decaerá. En cualquier caso, el debate sobre las jornadas laborales y el derecho social se ha convertido en un tema clave en la campaña electoral para los comicios europeos de junio y una oportunidad para que los políticos demostremos que Europa sí escucha a sus ciudadanos y ciudadanas", ha concluido CERCAS.
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miércoles, 17 de diciembre de 2008

El Parlamento Europeo rechaza la Directiva de Ordenación del Trabajo


La Eurocámara rechaza ampliar la jornada laboral hasta 65 horas semanales

ESTRASBURGO (FRANCIA), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo bloqueó hoy la norma que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales, que fue aprobada por los ministros de Trabajo de los 27 el pasado mes de junio con el voto en contra de España.Los eurodiputados aprobaron por mayoría absoluta una serie de enmiendas que exigen que en un plazo máximo de 3 años se supriman todas las excepciones ('opt out') a la jornada laboral de 48 horas semanales.
La Eurocámara exigió además que se considere tiempo de trabajo la totalidad del tiempo de guardia, incluido el periodo inactivo. Esto cuestiona también el acuerdo alcanzado por los Veintisiete, según el cual el periodo inactivo de la guardia (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital) no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario.
Las enmiendas fundamentales recibieron un respaldo muy superior a la mayoría absoluta de 393 votos que era necesarios para que salieran adelante. La mayoría obtuvieron más de 500 votos. Ello significa que, además de socialistas y grupos de izquierda, fueron apoyadas por muchos eurodiputados del Partido Popular Europeo, incluidos los españoles.
El voto de la Eurocámara abre ahora un nuevo periodo de negociación de 90 días (denominado 'conciliación') entre el Parlamento y el Consejo al cabo del cual, si no hay acuerdo, decae el texto.

"La propuesta del Consejo sobre las 65 horas es un enorme error político y jurídico"


Alejandro Cercas: "La propuesta del Consejo sobre las 65 horas es un enorme error político y jurídico"
15/12/2008

El eurodiputado socialista y autor del informe del Parlamento Europeo sobre la Directiva de Tiempo de Trabajo, Alejandro CERCAS, ha pedido a la Eurocámara que actúe para corregir la equivocada posición del Consejo durante el debate celebrado esta tarde en sesión plenaria.

"Tenemos ante nosotros una oportunidad para conectar con las preocupaciones de nuestra ciudadanía", ha explicado el eurodiputado, que ha apelado a los eurodiputados a demostrar con su voto, el próximo miércoles, que "Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón y que no estamos sordos ni mudos. Al contrario, nuestros ciudadanos verán que sabemos poner los derechos de la mayoría por delante la codicia y el desvarío de unos pocos ideólogos de la extrema desregulación. La gente verá que, cuando hablamos de la dimensión social de Europa, no usamos en vano las palabras ni embaucamos a la gente con mentiras y promesas falsas".
CERCAS ha señalado que este tipo de propuestas producen desafección de los ciudadanos y las ciudadanas europeas con respecto a las instituciones, elecciones o agenda política europea. "Hay una distancia astronómica entre las propuestas del Consejo y las demandas de millones de trabajadores europeos".
"Los temores ante la globalización y los intentos de ciertos países de lograr ventajas competitivas gracias a largas jornadas parecen contar con apoyos en las instituciones europeas, hasta ahora comprometidas con ganar la batalla de la competencia sobre la base de la excelencia y no sobre el desmantelamiento del modelo social de la posguerra, ni sobre el dumping social entre los Estados", ha indicado CERCAS, que se ha opuesto a la posibilidad de renuncia a la jornada de 48 horas (opt-out).
El eurodiputado ha recordado que existen numerosas investigaciones sobre las nefastas consecuencias de largas jornadas laborales, así como la Evaluación de Impacto (SEC (2004)1154) que concluye que una duración de trabajo superior a 50 horas puede acarrear efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de los trabajadores. Para concluir, Alejandro CERCAS se ha referido de un modo especial al personal sanitario, calificando de "agresión sin límites" el no considerar sus guardias como tiempo de trabajo.

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Los eurodiputados debaten la directiva de tiempo de trabajo

Los eurodiputados debaten la directiva de tiempo de trabajo
Política de empleo - 15-12-2008 - 20:52


Los eurodiputados debatieron hoy la directiva de tiempo de trabajo. El ponente parlamentario es el socialista español Alejandro Cercas, quien insiste en que todos los Estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales, calculadas sobre una media anual, y exige que el "opt-out" (no aplicación de este máximo) desaparezca en un plazo de 3 años. Los diputados subrayan además que los periodos de guardia deben ser considerados tiempo de trabajo.

La directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias derogaciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los directores generales) o sectores.
La directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.
El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara, elaborado por Alejandro Cercas, exige eliminar la posibilidad del "opt-out" pasado un periodo transitorio de 3 años. Esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre un periodo de referencia de 3 meses. Además, los diputados instan a considerar como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los periodos inactivos, cuestión que en España afecta particularmente al personal sanitario.
El informe también hace hincapié en que la legislación debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.
Los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la directiva. Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías, los bomberos y los militares también están excluidos.
En segunda lectura cualquiera de las enmiendas a la posición común del Consejo requieren mayoría absoluta (393 votos). Si el pleno no aprueba ninguna enmienda, la posición común del Consejo se adoptará como tal.
Ponente
El eurodiputado Alejandro Cercas advirtió hoy de que la propuesta de revisión de esta normativa, que contempla una jornada laboral de 65 horas semanales, conlleva un retroceso a las normas de trabajo del siglo XIX y "arroja a los más débiles a condiciones inhumanas".
El eurodiputado socialista confió en que el rechazo del PE no sea visto como un "contratiempo", sino como una oportunidad "para conectar con la preocupaciones de los europeos".
A juicio de Cercas, rechazar esta directiva demostrará que el PE no está "sordo, ni mudo y que Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón". Al contrario, los europeos verán que la UE sabe anteponer los derechos "de la mayoría" a la codicia y el desvarío de unos pocos ideólogos de la extrema desregulación", declaró.
Para el ponente, no se puede "retroceder" en la aspiración que se consiguió en el siglo XX de "trabajar para vivir y no vivir para trabajar" y que, además, ha supuesto un círculo virtuoso de "mejoras de productividad acompañadas de más tiempo libre para los trabajadores".
La oposición al mantenimiento del "opt-out" está sustentada en el "buen sentido, común y jurídico", ya que este instrumento que hace renunciables los derechos fundamentales de los trabajadores y "equivale a vaciar de contenido a las instituciones del derecho del trabajo, convenios y normas internacionales".
De este modo, la propuesta de revisión es "aún peor que la vigente", ya que el "opt-out" no sería "una excepción singular y temporal" sino una regla general.
"La derogación personal de los derechos es una forma infalible para arrojar a las capas más frágiles de la clase obrera a la explotación más inhumana y permitir a los Estados que se sirvan del derecho social comunitario a beneficio de inventario. Supone abrir la vía al dumping social y a la desafección con una Europa que abre puertas a competir sin reglas comunes", explicó.
En lo referente al personal sanitario, Cercas consideró que dejar de reconocer las guardias al personal médico conllevaría "una agresión sin límite" y un "despropósito".
El eurodiputado aseguró que se ha intentado llegar a un acuerdo con el Consejo y presentar en el pleno una solución de compromiso, pero no ha sido posible dado que el Consejo "no ha querido negociar y pretende que siga adelante su posición sin alterar ni una coma".
Cercas confió en que el próximo miércoles una mayoría amplia del Parlamento saque de su error al Consejo, y entonces se pueda construir un compromiso "aceptable buscando términos flexiseguridad y reconciliación entre trabajo y vida familiar".
Este rechazo enviará un mensaje a toda Europa de que la Eurocámara "está viva y comprometida con que Europa se siga construyendo sin olvidar la dimensión social y los derechos", en esta ocasión, de los médicos y de todos los trabajadores, y sus familias, "amenazados con las jornadas de trabajo sin límite".
Grupos políticos
José Albino SILVA PENEDA (PPE-DE, Portugal) se mostró "de acuerdo con revisar la posición del Parlamento en primera lectura, pero sólo en el marco de un compromiso, lo que presupone un diálogo entre instituciones". Recordó que "pese al empeño de la Presidencia francesa, el Consejo no le confirió el mandato para negociar con el PE".
En cuanto al opt-out, Silva Peneda declaró que "no tiene nada que ver con la flexibilidad del mercado laboral", ya que la flexibilidad "se obtiene a través de la anualización del periodo de referencia". Añadió que "ahora lo fundamental es saber si queremos que los trabajadores europeos puedan trabajar ocho horas al día de lunes a sábado como media anual y si esto es coherente con nuestras afirmaciones sobre la conciliación de la vida personal y profesional".
Con respecto al tiempo de guardia, señaló que "se deben cumplir las decisiones del Tribunal de Justicia" y se mostró confiado en que "hallaremos una solución a este problema en conciliación".
El socialista sueco Jan ANDERSSON (PSE) recalcó que "necesitamos una serie de normas relativas a la seguridad en el trabajo" y criticó al Consejo porque "propone que el tiempo de guardia no sea considerado de trabajo de manera permanente". En cuanto al "opt-out", se preguntó "qué oportunidad habrá de decir que no al empleador" e hizo hincapié en que los hombres podrán trabajar 65 horas, pero "las mujeres se quedarán en casa".
Finalmente, criticó al Consejo por "no querer aproximarse a la mesa de negociaciones".
La británica Elizabeth LYNNE (ALDE, Reino Unido) dijo ser consciente de que la posición común del Consejo "es fruto de muchos años de negociaciones" y reconoció estar a favor del "opt-out". "Si no hay "opt-out", estaremos promoviendo el trabajo no declarado". No obstante, "se necesitan normas más claras para que -esta cláusula- sea verdaderamente voluntaria", algo que, según Lynne, la posición común del Consejo ha logrado, ya que "los trabajadores podrán acudir a los tribunales si se abusa de dicha derogación". El "opt-out" es, en definitiva, "la resolución más clara".
En cuanto a los tiempos de guardia, dijo que "tienen que formar parte de la jornada laboral" y subrayó que en el informe de Alejandro Cercas "queda a merced de los convenios colectivos y las legislaciones nacionales".
Concluyó que "si no llegamos a un acuerdo, el Consejo tiene que recapacitar sobre su postura" y "dar un trato específico para el personal médico".
Elisabeth SCHROEDTER (Verdes/ALE, Alemania): "La jornadas laborales excesivas causan enfermedad, menos concentración, más errores y peligros para la integridad física de uno mismo y los demás", indicó la eurodiputada, quien calificó la directiva como un queso suizo "lleno de orificios y agujeros".
Rechazó que la guardia del personal sanitario sea considerada parte de la jornada laboral, ya que su partido concede más importancia "a la persona" que al contrato laboral. "Los trabajadores no pueden decidir, sino no estarían manifestándose frente al Parlamento", advirtió.
Roberta ANGELILLI (UEN, Italia): "Todos somos muy conscientes de que el mundo del trabajo ha cambiado y seguirá cambiando, sobre todo por la crisis económica, sabemos que debemos ser más flexibles, pero no en detrimento de la seguridad y los derechos de los trabajadores", resaltó.
Para la eurodiputada revisar esta directiva "es sumamente necesario y útil", pero no en base a costes en términos de seguridad y vida laboral de los trabajadores.
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Grecia) se opuso "radicalmente" a la propuesta "que por desgracia apoya la Comisión", ya que "únicamente ayuda al lobby de la patronal" y demuestra que "el reloj de la historia esta retrocediendo 90 años".
El opt-out "va en contra de los trabajadores, ciudadanos y tribunales de justicia", y es contraria a la posición del Consejo Médico Europeo, además de conllevar una la "negación de la Europa social y de cualquier tipo de salvaguardia de los derechos de los trabajadores".
Para Derek Roland CLARK (IND/DEM, Reino Unido), instrumentos como el opt-out han hecho del Reino Unido uno de los países más desarrollados de la UE y lo ha convertido en el segundo que más aporta al presupuesto europeo, un dinero, al que "nadie hace ascos", a pesar de que muchos países defienden una cosa en las instituciones comunitarias "y otra en casa".
El eurodiputado rechazó la postura de Cercas de no prestar atención a las repercusiones económicas de rechazar esta propuesta, ya que esto conllevará una perdida de competitividad de la industria europea, de puestos de trabajo y de aportación económica a través de los impuestos.
Irena BELOHORSKÁ (No Inscritos, Eslovaquia) hizo suyas las reivindicaciones de los sindicatos que temen que esta propuesta conceda a las patronales "demasiada cancha", y puntualizó, en lo relativo al personal sanitario, que cuando los trabajadores están de guardia "no pueden disponer de su tiempo", por lo que considerarlo jornada laboral sería "un abuso de su tiempo". "Queremos utilizar la directiva para mejorar la situación de los trabajadores y su vida familiar, pero dudo que ellos hagan la misma lectura", aseveró.
Diputados españoles
Juan Andrés NARANJO (PPE-DE) se refirió al "opt-out" y dijo que esta cláusula "no supone una excepción, sino la derogación de uno de los elementos esenciales de esta directiva". Añadió que dicha derogación "no está justificada por la flexibilidad", pues "no se puede confundir un aumento de la duración de la jornada con la flexibilidad que necesitan empresas y trabajadores".
La directiva aporta flexibilidad "de forma muy amplia para atender las especificidades de los trabajos estacionales, las puntas de producción y las exigencias de determinadas actividades". También se mostró confiado en que el día de la votación "puede ser un buen día para todos" y destacó que "es bueno reformar, pero hay que conservar aquello que refuerza Europa y que puede hacer que la Europa social salga del reto que tiene por delante fortalecida, avanzando de la mano en el progreso económico y en el progreso social, que por separado no pueden sobrevivir".
Consejo
La secretaria de Estado francesa encargada de Solidaridad, Valérie Letard, habló en nombre del Consejo de la UE y dejó claro que la posición común de los Estados miembros "da nuevas garantías a las derogaciones creadas en el 1993". "De hecho, el texto prevé un límite de 60/65 horas", defendió.
Propuso lograr un texto "que sea aceptable para todos evitando la conciliación" y recordó que, pese a las posturas divergentes del Parlamento y del Consejo, "la Eurocámara tiene que entender que para muchos países es urgente resolver el problema de los tiempos de guardia".
Comisión Europea
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimír SPIDLA, manifestó que entendía las preocupaciones que la directiva genera y dijo que hay que poner luz sobre el tema, sobre todo en lo que a tiempos de guardia se refiere: "Estoy convencido de que, a la hora de abordar esta directiva, los servicios públicos de toda Europa nos piden que la aclaremos políticamente. La Eurocámara debe aclarar si insiste en la posición que adoptó tras la primera lectura o si, en base a la posición común del Consejo, podría modificar su posición inicial", aseguró Spidla.
Según el comisario, a la Comisión se le pidió que mediara en este tema que divide al Consejo y al Parlamento y por eso, la Comisión "en 2005 modificó su propuesta y propuso la desaparición del "opt-out", basándose en la opinión del Parlamento en primera lectura. Pero debemos ser realistas", advirtió Spidla, "en 2003, esa excepción la utilizaban cuatro Estados miembros, hoy son 15 y hay otros Estados miembros que quieren contar con esa posibilidad en el futuro".
dvirtió de que si el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo, la directiva va a seguir en vigor tal y como está en la versión actual. Por último, Spidla instó a la Eurocámara a tener en cuenta que "esta posición común llega tras cuatro años de negociaciones" y le pidió que muestre comprensión por cualquier Presidencia que intente alcanzar un acuerdo.

Los Presupuestos Generales del Estado































El "PLAN BOLONIA" es positivo

El PSOE asegura que jamás aceptaría un plan que supusiera una privatización encubierta de la Universidad


Los socialistas respetan a quienes se manifiestan por sus convicciones, pero rechazan las tergiversaciones y falsedades en torno a un plan que persigue una educación superior de calidad en las universidades

Con motivo del anuncio de encierros de estudiantes en la Universidad de Cádiz, el senador del PSOE por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, ha reiterado esta mañana que el proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior- más conocido como Plan Bolonia- “persigue acercar la Universidad a la empresa, de forma que los estudios estén mejor orientados a la realidad laboral y se facilite un mejor acceso al mercado de trabajo”.
Por el contrario, ha asegurado que “el PSOE jamás aceptaría un plan que supusiera la privatización encubierta de la Universidad como se está difundiendo, ni muchos menos un recorte de las becas, sino todo lo contrario ya que recuerda que el Gobierno de Zapatero ha aumentado las becas y ayudas de estudio en un 200% respecto al curso anterior”.
El senador subraya el marcado carácter social del proceso Bolonia porque garantiza el acceso igualitario de los ciudadanos a la educación superior eliminando los obstáculos que puedan existir por razones económicas o de cualquier tipo, así como insiste en que “se impulsa el aumento de las becas y el reconocimiento de los estudios”.
Sostiene que el objetivo del plan “es conseguir una educación superior de calidad en todas las universidades, una educación que sea igualmente accesible a todos los estudiantes sin que su origen social o económico puedan suponer un obstáculo”.
El senador socialista ha explicado que el plan es un avance en la construcción europea ya que supone la homogeneización y homologación de los estudios nacionales a nivel europeo, mediante los grados y los master que sustituyen a las licenciaturas, diplomaturas, así como a los doctorados existentes en la actualidad; el fomento de la movilidad estudiantil y laboral o que los estudiantes puedan estudiar en cualquier universidad europea, sin problemas a la hora de convalidar asignaturas.
Cornejo apunta que se trata de un plan concebido por 46 países europeos para facilitar ese reconocimiento de títulos y que permitirá la posibilidad de comenzar los estudios en un país y continuarlos en otro. También permitirá cambiar a otra titulación de la misma rama de conocimiento, de manera que podrán modificar su opción inicial en función de la vocación, formación y experiencia adquirida durante ese periodo.
Del mismo modo, ha descartado que se vaya a producir un posible endurecimiento de la selectividad lo que ha calificado de “bulo”, puesto que se ofrece al alumno la posibilidad de realizar dos exámenes opcionales para subir nota.
Cornejo reconoce que ha existido falta de información sobre un proceso que arrancó en 1999 y estima que cualquier campaña impulsada desde la administración o desde la propia universidad favorecerá el conocimiento del plan Bolonia. Comprende, por eso, que pueda existir incertidumbre en los estudiantes, pero les pide que accedan a toda la información disponible antes de optar por oponerse al plan.
Por último, indica que “hasta ahora estudiar un master estaba reservado a quienes podían pagárselo porque eran muy caros y se impartían en entidades privadas”. “Con el plan Bolonia los master son enseñanzas oficiales y se imparten en las universidades públicas por lo que han de pasar por un proceso de verificación y acreditación de su calidad”, apunta

Cádiz, 15 de diciembre de 2008

viernes, 12 de diciembre de 2008

60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración institucional del Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha expresado su respaldo unánime al compromiso con los derechos humanos, en una declaración institucional leída ante el Pleno por la presidenta, Fuensanta Coves, con motivo del sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través de esta declaración institucional, titulada “Todos los Derechos para todas las Personas: Renovar el Compromiso”, la Cámara autonómica se compromete “a renovar el compromiso con los derechos humanos y a defender su universalidad, indivisibilidad e interdependencia”. Del mismo modo, la declaración afirma que “esta defensa será parte de nuestro trabajo institucional diario mediante el establecimiento de los medios necesarios y a través del apoyo a las victimas y a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos que en todo el mundo trabajan por hacer real la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.




Declaración Institucional.
60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

“TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS
PERSONAS: RENOVAR EL COMPROMISO”

Hace 60 años, los Estados recordaron su compromiso de “promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y reconocieron que “los seres humanos sólo pueden liberarse del temor y de la miseria, si se crean condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos”.
Al adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 1948, los Estados se comprometieron a respetar y hacer cumplir el conjunto de los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, proclamando así el derecho a un nivel de vida digno.
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y ninguno tiene prioridad sobre otro. Por lo tanto, la comunidad internacional debe tratar el conjunto de los derechos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.
Para el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión es necesario concertar esfuerzos en favor del derecho a la educación. Para el disfrute del derecho a la vida es preciso reducir la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.
Sin embargo, pese a la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, únicamente en 2007, 1252 personas fueron ejecutadas por su respectivo Estado en 24 países distintos, se documentaron casos de tortura y malos tratos en más de 81 países, 45 países tienen detenidos a presos y presas de conciencia, 854 millones sufren la tortura del hambre y 1.100 millones de personas no ven satisfecho su derecho a una vivienda digna, de las cuales más de la mitad son
mujeres.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un nuevo instrumento jurídico para reforzar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
En la sesión que celebró el miércoles 18 de junio pasado, el Consejo adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para cuya efectividad dicho Protocolo debe ser aprobado por la Asamblea General en su reunión del 10 de Diciembre de 2008.
El Protocolo Facultativo permitirá que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Sin embargo, sesenta años después, todavía está por cumplir la promesa de unos derechos humanos universales e indivisibles para todas las personas que permitan hacer efectivo el derecho a un nivel de vida digno y el ideal del ser humano libre, para cuya consecución resulta fundamental la adopción del Protocolo Facultativo PIDESC por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que puede suponer un hito histórico en la defensa y desarrollo de estos derechos.
Por ello en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
1. Como institución nos comprometemos a renovar el compromiso con los derechos humanos y a defender su universalidad, indivisibilidad e interdependencia, tal y como figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Esta defensa será parte de nuestro trabajo institucional diario mediante el establecimiento de los medios necesarios y a través del apoyo a las victimas y a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos que en todo el mundo trabajan por hacer real la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3. Pedimos igualmente como Institución a todos los Estados miembros de la ONU que se celebren el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la aprobación y adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el marco del 63º periodo de sesiones de la Asamblea General .

Sevilla, 11 de diciembre de 2008

2008 Año Europeo del Diálogo Intercultural



La Eurocámara celebra el Año Europeo del Diálogo Intercultural
Cultura - 11-12-2008

En un mundo globalizado, las diferentes culturas, tradiciones y creencias interactúan como nunca antes lo habían hecho. En este contexto, el Año Europeo del Diálogo Intercultural busca reforzar el entendimiento entre culturas en ámbitos tan dispares como la religión, la juventud, el deporte o la ciudadanía. El Parlamento Europeo, que representa una sociedad europea moderna y democrática, también participa en el evento.La agenda del Parlamento Europeo en 2008 presta especial atención al diálogo intercultural. Por ello, la Eurocámara recibe este año a personalidades de varios ámbitos culturales; artistas, líderes espirituales, iconos culturales... este reportaje especial recoge entrevistas y artículos sobre los eventos con los que el Parlamento Europeo ha querido rendir su particular homenaje al diálogo entre culturas. Inaugurado oficialmente el pasado día 8 de enero en la ciudad eslovena de Ljubljana, el Año Europeo del Diálogo Intercultural es una iniciativa comunitaria por la que se pretende impulsar la tolerancia y el entendimiento entre diferentes comunidades en un entorno global cada vez más complejo y diverso.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Mamen Sánchez pregunta sobre el FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO:

Pregunta ahora para la señora ministra de Administraciones Públicas. Para formularla tiene la palabra doña María del Carmen Sánchez Díaz.

La señora SÁNCHEZ DÍAZ:
Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Gobierno socialista ha hecho una importante apuesta por la Administración local. El compromiso de este Gobierno ha quedado patente a través de la puesta en marcha de muchas iniciativas a favor de los ayuntamientos, como incrementar las transferencias a los entes locales en los Presupuestos Generales del Estado, compensarles con 120 millones de euros por la supresión del IAE o crear un fondo de 40 millones de euros que ha beneficiado a 3.370 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Es también un Gobierno socialista el que está trabajando con la Federación Española de Municipios para conseguir un nuevo modelo de financiación local consensuado por todos. Por eso, señora ministra, mi grupo parlamentario coincide plenamente con lo que usted dijo aquí la semana pasada, cuando afirmó que los alcaldes saben bien quién ahogó a los ayuntamientos con la supresión del IAE. Saben también que fue el Gobierno del Partido Popular el que realizó una Ley de Haciendas Locales que no ha servido para solucionar los problemas de financiación de los ayuntamientos. Ahora es un Gobierno socialista el que para encarar la crisis global que atravesamos apoya a las entidades locales poniendo a su disposición un fondo de inversión
de 8.000 millones de euros con el objetivo de generar actividad productiva y crear empleo. Por eso no se entiende la posición del Partido Popular, esa ambigüedad. No son capaces de reconocer públicamente que este fondo no tiene precedentes pero tampoco tienen el valor o el coraje de decir no, porque saben que sus propios alcaldes —por cierto, los alcaldes del Partido Popular son los que están más contentos con este fondo— no consentirían que votaran no. Esa es una constante en el Partido Popular: se enredan con las musas y nunca bajan al teatro. De momento dicen que los 8.000 millones son una inyección económica incuestionable como que es una simple aspirina frente a la crisis. Por eso le pregunto: ¿Considera el Gobierno que el fondo de inversión local atiende a las demandas y necesidades de las entidades locales y de los ciudadanos?
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE:
Muchas gracias, señora Sánchez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez):
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, esas musas indecisas del sí pero no se las dejamos a quienes solo saben transmitir desconfianza a la sociedad, esos mismos que han contribuido a crear los problemas que hoy denuncian. Por el contrario, el Gobierno se dedica a ofrecer soluciones, como la adoptada con el Fondo estatal de inversión local, dotado con 8.000 millones de euros. Y permítame que le exprese las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que dice textualmente:
El Fondo de inversión local es una buena oportunidad para que los ayuntamientos puedan contribuir a superar la crisis al tiempo que mejoran sus infraestructuras, equipamientos y servicios. También don Pedro Castro, presidente de la FEMP… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez):
Dice que el fondo supondrá la creación de nuevos empleos y una importante inyección para las pequeñas y medianas empresas de los municipios. Y no se preocupe, por otra parte, el Partido Popular, porque sus alcaldes van a ser los primeros en pedir estos fondos porque saben que sus ciudadanos no les perdonarían que despreciaran esta oportunidad que tienen de vivir mejor, de equipar sus ayuntamientos, de contribuir a las necesidades tan importantes que tienen en temas como abastecimiento de aguas, prevención de incendios, gestión de residuos urbanos o supresión de barreras arquitectónicas. Esta es una actuación del Gobierno que puede calificarse de histórica y que va a llegar a todos los ayuntamientos sin excepción y sin intermediarios. Van a ser actuaciones urgentes dirigidas a la creación de empleo, que van a contar con un estricto control por parte del ministerio y de la Intervención General del Estado. Hoy mismo está ya publicada la resolución, hoy mismo, seguro, van a comenzar a llegar proyectos a las subdelegaciones del Gobierno. No tengo ninguna duda, y SS. seguro que tampoco la tiene, de que este fondo va a contribuir a esa reactivación económica que todos, parece, salvo el PP, deseamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Congreso. 10 de diciembre de 2008.—Núm. 52

Un tercer fiscal antidroga en la provincia de Cádiz

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la siguiente Proposición no de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos


Uno de los compromisos del Gobierno Socialista en la prevención y lucha contra el tráfico ilegal de drogas ha sido y es la creación de fiscalías especializadas destinadas a la represión de conductas delictivas que por su importancia cualitativa o cuantitativa exigen un mayor esfuerzo. Un ejemplo de ello es la provincia de Cádiz, donde el Gobierno de España ha desempeñado una importante labor para controlar y luchar contra las mafias antidroga.
Desde el Ministerio del Interior se ha consolidado el SIVE desde la Costa del Estrecho de Gibraltar hasta Rota y en breve se va a implantar un equipo fijo en la desembocadura del Guadalquivir. Además es la única provincia que cuenta con dos Grupos GRECO, uno en Chiclana y otro en Algeciras. Actualmente Interior estudia la creación de un tercer Grupo en la provincia.
En el año 2005, desde el Ministerio de Justicia se apostó por la creación de un Fiscal Antidroga para el Campo de Gibraltar y otro para Cádiz, que están desempeñando un relevante papel. La política de medios y grupos especializados están dando buenos resultados contra las actividades ilícitas, blanqueo de capitales y bandas organizadas.
Sin embargo, según el Informe que la Fiscalía de Cádiz ha enviado al Fiscal Jefe Antidroga, se está produciendo un aumento considerable del narcotráfico y de bandas organizadas en el norte de la provincia de Cádiz. Según dicho informe, Jerez es en este momento el epicentro de la distribución de la cocaína en la provincia y los movimientos de las mafias se empiezan a ver en pueblos alejados de la Sierra.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que hay que continuar en esa lucha constante contra el narcotráfico, incrementando, aún más, la presencia de la Fiscalía en labores tanto de investigación, persecución y represión del delito, como en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Para ello y en base a las singularidades territoriales y problemáticas de la provincia de Cádiz, se debería de dotar con un Fiscal especial antidroga más, que complete el esquema ya existente, interviniendo directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias: psicotrópicas o blanqueo de capitales relacionados con dicho tráfico.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un tercer fiscal antidroga con dedicación exclusiva en la provincia de Cádiz, con sede en la Fiscalía de Área de Jerez.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2008. —María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada. —Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pleno del Parlamento de Andalucía sobre el empleo


El Parlamento de Andalucía ha celebrado en su sesión plenaria del día 10 de diciembre un debate general sobre la situación del empleo en Andalucía, cuyas propuestas de resolución, una vez calificadas por la Mesa de la Cámara, serán votadas mañana jueves, día 11, en la reanudación del Pleno. El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, parlamentario socialista por la provincia de Cádiz, Antonio Fernández, defendió las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno en esta materia. Por parte del Grupo parlamentario IU LV-CA participó en el debate el diputado Pedro Vaquero, mientras que la postura del Grupo Popular fue defendida por su presidente, Javier Arenas. Manuel Gracia, portavoz del Grupo Socialista, mostró el apoyo de su grupo parlamentario a la gestión de la Junta de Andalucía.

El anterior punto del orden del día, con el que se abrió la sesión plenaria, consistió en la comparecencia del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, que informó a petición propia acerca de la rehabilitación de viviendas en Andalucía.